Calvo pide a la oposición «unidad política» ante el Ministerio de Transportes

Calvo incidió en la postura crítica del Ejecutivo regional sobre este asunto y trató de defenderse de las dudas que plantearon en la Junta General varios partidos de la oposición -tuvo que enfrentarse a una interpelación sobre esta cuestión por parte del portavoz de Foro, Adrián Pumares, y a sendas preguntas de los diputados de Podemos y PP Daniel Ripa y Álvaro Queipo- sobre el grado de responsabilidad del Principado y su nivel de exigencia ante el Gobierno de Pedro Sánchez. El consejero mantuvo el argumento ofrecido por el Ejecutivo autonómico en las últimas fechas. Aseguró que desconocía el error cometido con las medidas durante el proceso de adjudicación de los citados trenes hasta que fue publicado por EL COMERCIO y que no estaba al corriente de la paralización del proyecto. Por eso afeó a la oposición que trate de utilizar este asunto para desgastar no solo al Ejecutivo nacional, sino al autonómico, pese a no tener competencias al respecto. «No nos toca dar explicaciones, sino exigirlas», respondió. En cualquier caso, les pidió que, superado el debate político, sean «consecuentes» con los intereses de Asturias y se sumen a las reivindicaciones del Ejecutivo autonómico para exigir en Madrid que se compense a la región «ampliando el objeto del contrato para hacer posible una renovación total de la flota, y ganando credibilidad». Para ello, planteó la creación de un mecanismo de seguimiento «más exhaustivo» que el que se estaba utilizando hasta ahora.

Ante la petición por parte de la oposición de una actitud más crítica con el Gobierno central y la solicitud de ceses de responsables políticos, Calvo se remitió a la declaración institucional firmada el pasado viernes por el Consejo de Gobierno. En ella se pide que se depuren responsabilidades «por la cadena de errores» cometidos, si bien el equipo de Adrián Barbón entiende que no le corresponde determinar «en qué departamentos ni cargos recaen, pero sí exigir que alcancen los niveles jerárquicos que corresponden a semejante absurdo». El consejero puso el foco en los problemas «organizativos de gran magnitud» entre Renfe y Feve, «que no sé si se llevan mal o bien, pero lo que sé es que no funcionan», y salió en defensa de la figura de la secretaria de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo de Vera, sobre la que lamenta que haya «cierta obsesión», pese a que durante año y medio no hubiera estado al frente de la gestión. De hecho, en respuesta al diputado popular Álvaro Queipo, el consejero mencionó que la número dos del ministerio estuvo apartada durante ese tiempo por motivos de salud y afeó al dirigente popular que no haya tenido en cuenta esta cuestión a la hora de señalarla. «No todo vale», reprochó. Un comentario que poco después era replicado por el propio Queipo en las redes sociales. «Me parece deleznable que el consejero haya aireado los problemas de salud de la secretaria de Estado para afear al PP que exija responsabilidades al ministerio. No todo vale», le contestó. No fue la única crítica que recibió el consejero, al que tanto el también secretario general del PP como su homólogo en Foro, Adrián Pumares, acusaron de utilizar la declaración institucional por pura estrategia electoral. «Si no hubiera elecciones autonómicas en unos meses tengo mis dudas de que hubieran hecho esta declaración», apuntó Pumares.