La ley contra la burocracia reducirá en un 85% las peticiones de licencias a los consistorios

La norma se diseñó buscando la supresión de cuellos de botella concretos en los ámbitos urbanísticos, de Patrimonio y medioambientales. Aprovechando su articulado se han incorporado reformas que agilicen la gestión de fondos comunitarios.

Una de las novedades es la incorporación de la declaración responsable para obras menores y la supresión de la licencia previa de instalación y funcionamiento en diversas actividades comerciales y de servicios. Esto, explicó Juan Cofiño, afectará principalmente a los ayuntamientos, donde anualmente se registran en torno a 10.000 solicitudes de licencia de las que 8.500, un 85%, ya no serían necesarias.

En el caso del urbanismo, la intención es «reducir y simultanear trámites», de forma que los informes sectoriales preceptivos en un plan general de ordenación «se solicitarán en un único trámite ante la consejería competente» que, a su vez, «emitirá un informe único en un plazo de tres meses». «En la actualidad la tramitación de un plan general lleva a los concejos una media de seis o siete años, llegando incluso a los quince en algunos casos»

También se acelera los procedimientos municipales de declaración de elementos en ruina, que solamente serán necesarios cuando se trate de un BIC o un bien incluido en el Inventario de Patrimonio Cultural y en un catálogo urbanístico de protección.