Bruselas concluye que el Huerna se prorrogó para privatizarlo más caro

La misiva, a la que accedió La Voz de Galicia, localiza una nota interna del Ministerio de Fomento fechada en 1999 estimando el valor neto de los 29 años de prórroga que iba a aprobar en 6.000 millones de pesetas (unos 36 de euros de aquel año). El peaje original se había firmado con la concesionaria Aucalsa con una duración que expiraba en 2021 y se alargó hasta el 2050. Es un cambio que, según Breton, «es probable» que incrementara en más de un 10% el valor original de la concesión. Bruselas ve «evidente» que se cambio el equilibrio económico financiero a favor de la concesionaria, Aucalsa.

En sus alegaciones iniciales el Gobierno de Pedro Sánchez recordó que por entonces la empresa formaba parte del holding público Enausa, controlado por la SEPI. En base a que formaba parte del sector público invocó la excepción «in house», un principio que permite no aplicar las directivas de contratación pública a una decisión que de alguna manera es interna de la administración, es decir, no repercute en sus relaciones con un adjudicatario privado.

Bruselas rechaza esa tesis en base a esos documentos de 1999 que prueban que antes de aprobar la prórroga ya se planeaba la privatización, efectivamente materializada en 2004.

Por ello defiende que era de aplicación la Directiva 93/37/CEE según la cual, la prórroga y la liberalización debían haberse publicado en el boletín de la UE, para permitir que inversores de otros países se postularan a hacerse con la gestión del Huerna. El volumen de ingresos y beneficios que presentaba la AP-66, indica la carta, hacían obligatorio facilitar esa concurrencia según la citada directiva.