Gijón
Martes, 6 de octubre 2020, 10:39
La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, aseguró esta mañana en la Junta General que la situación en los centros residenciales para mayores «está controlada» y que nada tiene que ver «esta segunda ola» con «lo ocurrido en la primera fase de ... la pandemia», en la que fallecieron más de doscientas personas en las residencias asturianas. Álvarez defendió que funcionan «los planes de inspección puestos en marcha, así como los protocolos». De acuerdo a sus cifras, «no ha habido ningún brote» en las más de 200 residencias abiertas en la región, con las que están «en colaboración permanente» tras «lo aprendido en la primera ola de esta pandemia».
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Lo hizo durante la celebración de la Comisión de Bienestar. A preguntas del diputado de Foro, Pedro Leal, resaltó la consejera «la importancia de los cribados» realizados en todos los centros, aspecto sobre el que se sustenta, afirmó, la escasa incidencia del coronavirus en estos dispositivos durante esta segunda ola. Además, considera claves «el trabajo desarrollado por los profesionales, que se han dejado la piel en su trabajo».
Unos trabajadores con los que, no obstante, mantiene las espadas en alto, según apuntó el diputado de IU Ovidio Zapico. Le recordó él que la plantilla ha llevado a los tribunales, y ganado, el decreto por el que se suspendían las vacaciones de Navidad. El portavoz de IU exigió a la consejera «que lo retire», mientras que ella defendió su idoneidad «porque lo que se busca es evitar las rotaciones de personal, para garantizar la seguridad de plantilla y usuarios». Negó, en contra de lo que le reprochó Zapico, «que se conculquen derechos de los trabajadores».
Como también negó que se haga lo mismo con los derechos de los usuarios, tal y como le señaló la portavoz del PP. Reyes Fernández Hurlé llevó a la Junta las declaraciones realizadas a EL COMERCIO por la Plataforma de Afectados del ERA. Anunció la entidad que denunciará al Principado «por conculcar los derechos de los residentes», a los que considera que se tiene «como en la cárcel». La consejera reconoció que «nuestro objetivo es buscar un equilibrio entre la salud colectiva y los derechos individuales. Es un equilibrio difícil de abordar y de entender, pero es nuestra misión». En esa línea, afirmó que «revisamos los protocolos siempre que es necesario», sobre todo en el aspecto relativo «a las visitas de familiares y la salida de los usuarios».
La Plataforma, que nació en 2015 ante los cobros indebidos desde la red geriátrica pública, la gestionada por Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), a familiares de usuarios. también dejó claro que esos pagos se siguen sucediendo. A preguntas de la portavoz del PP, Melania Álvarez confirmó que las últimas liquidaciones «están ya en tramitación y se producirán en las próximas semanas».
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