Bienestar anulará el salario social a quien no devuelva los atrasos del ingreso mínimo

«Las personas que no devuelvan el dinero adelantado mientras esperaban el ingreso mínimo vital verán suspenso el salario social». Paula Álvarez, directora general de Gestión de Servicios Sociales, deja claro que los problemas generados por la complicada tramitación de la prestación estatal, el ingreso mínimo vital que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones puso en marcha en junio de 2020 no trastocarán las cuentas del Principado.

«Sí habrá una desviación del gasto, porque las cifras de beneficiarios de ingreso mínimo vital no se ajustan a nuestras previsiones», reconoce Álvarez. Tal y como adelantó EL COMERCIO, el atasco en la gestión de la prestación estatal, que debería cobrarse desde junio de 2020, pero no comenzó a llegar a los beneficiarios hasta enero pasado, hizo saltar por los aires las cifras que manejaba la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

La idea es que casi la mitad de los perceptores de salario social pasaran antes de fin de 2020 a cobrar la prestación estatal, pero eso no ocurrió. «Teníamos 8.650 titulares que, crecíamos, tendrían acceso directo. De ellos, 2.000 solicitaron por su cuenta el ingreso mínimo vital. Los otros 6.650 están en revisión»,

Una disputa que se ha traducido en que el Principado siga pagando el salario social «siempre dijimos que nadie quedaría sin cobertura» hasta el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el organismo encargado por el ministerio para gestionar la prestación, apruebe las solicitudes. Y, también, que ha generado que muchos afectados se encuentren con un año de retraso con que les llega una ayuda aprobada, con carácter retroactivo a junio de 2020, que deben devolver.

«Tenemos 6.300 expedientes en revisión, que deben optar o por devolver el dinero ingresado mientras esperaban el ingreso mínimo vital o ver disminuida su aportación hasta pagar la deuda».

Lo que no ha podido hacer hasta el momento el Principado es poner en marcha la iniciativa que presentó al ministerio para evitar que ningún usuario tuviera que devolver dinero: que el pago de los atrasos se hiciera, directamente, a la cuenta del Principado en lugar de a las de los beneficiarios. «Para eso es necesario un cambio normativo a nivel estatal que estamos esperando», señaló Álvarez.

Para causar el menor quebranto posible a los afectados, «proponemos minorar la prestación hasta que paguen la deuda». En los expedientes ahora en revisión, «el gestor decide y aplica, directamente, lo que sea más beneficioso para el titular de la prestación».

Muchos, no obstante, optan por «la devolución directa». Unos reintegros que ya han comenzado a efectuarse. «Hasta el momento llevamos recuperados 4,4 millones, lo que puede ayudar a disminuir la desviación del gasto que esperábamos». Explica Paula Álvarez que algunas personas «han recibido 6.000 y 7.000 euros en concepto de atrasos» y cree que «hasta final de 2022 no estará todo regularizado».

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