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Ha repetido hoy la frase una y otra vez más. «Vamos a llegar hasta el final». «No vamos a escatimar esfuerzos». «Vamos a llegar hasta ... el final». La consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, ha confesado hoy estar atravesando la «semana más difícil» no solo desde que llegó al cargo, sino de toda su vida profesional y personal. Lo ha dicho en medio de una mañana de reuniones con SOMA-Fitag-UGT y CC OO para plantear la hoja de ruta de las actuaciones que hay que asumir para «saber qué pasó».
Porque eso, ha dicho, es su única preocupación y su única prioridad. Sus primeras palabras han sido para Ibán, Rubén, Jorge, Amadeo y David, los cinco mineros muertos el lunes en la tragedia de Cerredo, así como para los heridos que, según ha asegurado, «evolucionan favorablemente», tal y como le han asegurado esta misma mañana. A sus familiares «les hemos prometido que vamos a llegar hasta el final y vamos a aclarar todas las cuestiones del accidente».
A ello se pone la consejería manos a la obra. Tras reunir ayer mismo a la Comisión de Seguridad Minera y crear, dentro de ésta, otra comisión de investigación, la próxima semana arrancarán las inspecciones en la zona, ya que hasta el momento solo se ha hecho una «inspección muy somera de la zona». Técnicos de la consejería, un equipo especial de la Guardia Civil, la Policía Judicial y la Brigada Minera harán el primer acceso a ese tercer piso en el que todo sucedió. Un tercer piso, ha insistido alto y claro la consejera, donde «no había licencia de extracción». «Blue Solving no tiene permiso para extraer mineral, su único permiso vigente, desde que tienen los derechos, es para la retirada de material y acopios de carbón, pero nunca ha tenido permiso para extraer mineral en el tercer piso».
Pero donde tampoco «se había detectado actividad irregular» en las inspecciones previas que se habían hecho en la zona. Será la investigación la que deba determinar si ahora sí las ha habido.
Ha recibido Belarmina Díaz el apoyo de los sindicatos, que contrasta con las críticas que le están lloviendo en el ámbito político. En ese sentido, y salvo respuesta a las acusaciones que le ha lanzado Foro, la consejera ha declinado hablar de cuál es su situación, porque «yo solo quiero llegar hasta el final y saber qué ha pasado, todo lo demás no me importa en este momento».
En cualquier caso, recuerda la responsable de Industria que ha solicitado ella misma comparecer para explicar el estado de la situación, así como la decisión del Gobierno del Principado de personarse como acusación particular en la causa judicial. Además de la intención de que la Inspección General de Servicios analice cuál ha sido la gestión del área en los últimos meses, a raíz de un correo «de un particular que llegó a un buzón genérico, al que solo tenía acceso un apoderado, el jefe del Servicio de Minas, y que ha sido remitido a la Guardia Civil» y de los escritos «presentados por una empresa privada contra otra empresa privada en el mes de marzo». Se refiere la consejera a la denuncia que habría hecho una empresa vinculada a Victorino Alonso, 'rey del carbón', y enfrentada al clan al cargo de la instalación, que informó en marzo a la consejería que se estaría incumpliendo el Plan de Cierre, escritos que mencionaban «cuestiones variadas» y a los que se dio «curso normal administrativo».
Tanto la consejera como los sindicatos se han mostrado a favor de que la investigación sea lo más rápida posible, aunque también admiten que habrá que hacer varias visitas a la zona y que llevará su tiempo obtener todas las muestras y pruebas que sean necesarias. La comisión de investigación (que tendrá establecido un calendario de reuniones pero podrán adelantarse siempre que haya novedades) y, por encima de eso, la investigación judicial, irán marcando el paso.
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