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La consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, se encontraba en una sucesión de reuniones con los líderes sindicales del SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi, ... y de CCOO de la minería, Javier Vázquez, para plantear la hoja de ruta de las actuaciones para «saber qué pasó en la mina de Cerredo», al mismo tiempo que el diputado de Foro, Adrián Pumares, lanzaba acusaciones contra ella y los negocios de su familia.
La respuesta de la propia consejera no se hizo esperar. Belarmina Díaz calificó de «indecente y despreciable» las acusaciones de Adrián Pumares e, incluso, aseguró que desprenden un «tufo machista». «No voy a consentir que nadie ataque mi honorabilidad ni que nadie ataque a mi familia y más en este momento de gestión complicada y en el que yo estoy en un momento durísimo personal y desde luego profesionalmente el más duro de mi vida». Preguntada sobre el contenido de las acusaciones, ni negó los hechos ni los confirmó.
Respecto a sus reuniones con los sindicatos sobre el accidente de Degaña, la consejera repitió varias veces el mismo concepto: «Vamos a llegar hasta el final en la investigación sobre el accidente». «No vamos a escatimar esfuerzos». «Vamos a llegar hasta el final». Indicó la consejera que a los familiares de las víctimas «les hemos prometido que vamos a llegar hasta el final y vamos a aclarar todas las cuestiones del accidente».
Por su parte, el secretario general del SOMA, José Luis Alperi, anotó que hay que «depurar responsabilidades», «poner negro sobre blanco» todo lo que ocurrió, «llevar a cabo una investigación exhaustiva» y «darle certezas a las familias que les ayuden a pasar el dolor».
A las reuniones de ayer seguirán algunas más con colegios profesionales y ayuntamientos. El jueves se reunió la Comisión de Seguridad Minera, que ha creado una comisión ad hoc, «más flexible» para investigar los hechos. La próxima semana, ha explicado Alperi, la consejería comenzará una inspección «lo más completa posible», con los técnicos, «que desgraciadamente tienen mucha experiencia en la investigación de accidentes», ayudados de la Brigada Minera. No será algo rápido, aunque todos coinciden en la necesidad de hacerlo en el menor tiempo posible. Pero, por delante de los plazos, dice el SOMA, está «el rigor».
La cuestión es encontrar respuestas, porque «se lo debemos a las familias y los amigos de los fallecidos, tenemos que ayudarles a llevar el dolor», dice Alperi, «que tengan certezas sobre lo que ocurrió y no esta incertidumbre».
Tras la inspección, «en los casos en los que se demuestre que ha habido un comportamiento negligente por parte del empresario no nos puede temblar el pulso para que haya penas de cárcel. Si las hay para los trabajadores por ejercer el sindicalismo las tiene que haber para un empresario negligente», dijo Alperi, que plantea personarse como parte interesada en contra de la empresa Blue Solving porque «nos afecta». En este sentido, Alperi explica que puede haber un pequeño retraso en la investigación judicial porque el juzgado encargado del caso, el de Cangas del Narcea, se va a quedar sin juez titular. «Pero nos dicen que en un mes y medio estará a pleno rendimiento».
Por su parte, CC OO mantuvo también un encuentro con Belarmina García, de la que salió con la misma intención de aclarar los hechos pero más precavido, si cabe, en algunas decisiones. Por ejemplo, en la posibilidad de personarse en la vía judicial, algo que ahora mismo no contemplan, según explicó Javier Vázquez. «Hasta que no se sepa si hubo alguna negligencia no se pueden tomar decisiones», dijo el portavoz sindical.
Tampoco en denuncias administrativas o correos quiso entrar Vázquez. «Si quiero hacer una denuncia, no mando un correo electrónico. Aquí hablamos de luchas internas y en estas cosas hay que ser muy prudentes». Lo mismo respecto a las cuestiones políticas. «Se están mezclando muchas cosas y a nosotros los que nos preocupa es el tema laboral, exigir responsabilidades laborales. No podemos entrar en otras cosas por respeto a las familias», defiende Javier Vázquez.
Pero es que esa prudencia lleva a CC OO a no mostrarse de acuerdo siquiera con la postura del consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, que ha pedido «suspender cautelarmente» en Asturias todas las licencias similares a las que tenía la empresa Blue Solving para trabajar dentro de la mina. «Si yo fuera empresario, pensaría que el hecho de que el vecino haga una cosa incorrecta no significa que yo también la esté haciendo». Eso sí, considera que con estos antecedentes «el Principado tiene que ser mucho más intenso en el control y vigilancia de los procesos. Debería ser así siempre, pero ahora mucho más, porque no olvidemos que en 2022 hubo allí otro accidente».
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