Barbón aboga por «cumplir los compromisos» sobre la oficialidad del asturiano

Sobre la oficialidad, Barbón reiteró que «es un debate que está abierto, que hay que abordar desde el consenso, el diálogo y la moderación. Y, desde luego, cumplir los compromisos, claro». Respecto a esto último fue también muy clara la portavoz del PSOE en la Junta, Dolores Carcedo, que subrayó que «la oficialidad del asturiano es un compromiso político y la intención, como ya hemos dicho, es iniciar el proceso de reforma del Estatuto a finales de este año», si bien acotó que «queda mucho camino por recorrer».

Coincidieron ayer en buena parte de sus valoraciones Adrián Pumares, de Foro; Ángela Vallina, de IU, y Daniel Ripa, por Podemos. Pumares calificó el «aval del Constitucional» de «muy buena noticia», si bien puntualizó que «es un debate independiente del de la oficialidad: nunca hubo problemas en utilizar la llingua asturiana en sede parlamentaria; de hecho, el consejero de Cultura de Foro, Emilio Marcos Vallaure, ya utilizó el asturiano y el gallego asturiano en sede parlamentaria sin que hubiese ningún tipo de problema».

Vallina, que recordó que la oficialidad es «de justicia con nuestra cultura y nuestra gente» también abogó por desligar el debate del uso parlamentario de la oficialidad, que «mantenemos como uno de nuestros objetivos para esta legislatura».

Incluso más optimista sobre la posibilidad de ir ya a la oficialidad se mostró Daniel Ripa, de Podemos, que apuntó que «esta sentencia del Tribunal Constitucional implica que hay mimbres para acelerar la Reforma del Estatuto. Existen los números en la Junta, hay un Congreso en Madrid con unas fuerzas receptivas a la oficialidad como no las ha habido nunca en democracia y un aval legal del Tribunal Constitucional. Este año tiene que ser el de la oficialidad».

Claramente en contra de la decisión del Constitucional se mostraron PP, Ciudadanos y Vox, si bien con importantes matices entre ellos. Muy beligerante con el alto tribunal se mostró Ignacio Blanco, de Vox, que indicó que «Desde que nos notificaron que Cándido Conde Pumpido, ex fiscal general con el PSOE sería el ponente, nos temíamos lo peor».

Tras la clara acusación contra Conde Pumpido, Blanco postuló que «a la espera de conocer el contenido de la sentencia, no podrá usarse la llingua indiscriminadamente, como ha pretendido la izquierda. Lo que tenemos claro, como con este recurso presentado por Vox, es que nuestro partido será el dique de contención contra la imposición de la llingua que pretende la izquierda». Por ello, añadió el diputado, «estaremos atentos a cada paso que la izquierda avance hacia la dictadura lingüística de la llingua para tratar de impedirlo».

Menor intensidad empleó Álvaro Queipo, del PP, que instó a esperar «a conocer la sentencia completa del Tribunal Constitucional sobre el uso del asturiano en la Junta y ver si hace alguna referencia a la necesidad de articular algún medio que garantice el principio de igualdad para quien no lo conozca», si bien «desde el PP nunca hemos tenido inconveniente en que se pueda usar el asturiano en la Junta, siempre y cuando todo el mundo pueda entender lo que se dice». Recoredó Queipo que la sentencia se ampara en la ley del Principado de Asturias 1/1998 de 23 de marzo de uso y promoción del bable/asturiano, que fue impulsada y aprobada con un Gobierno del PP».

Por último, el diputado popular subrayó que «el PP está a favor de la promoción del asturiano. Porque es una cosa es promoverlo y otra bien distinta es establecer que sea obligatorio su uso, es decir, imponerlo. Ahí, en la imposición, es donde no van a encontrar el apoyo del PP, porque nosotros estamos del lado de la libertad. El PP está a favor del uso del asturiano en libertad».

La portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, dejó clara su postura: «El asturiano no es una prioridad. No es adecuado aprovechar este momento de confusión y drama para reabrir este debate. Todos los esfuerzos deben centrarse en resolver la crisis sanitaria y económica a la que nos enfrentamos».