Los ayuntamientos regulan multas de hasta 3.000 euros por hacer botellones

A quienes son multados por hacer botellón en Gijón les llega a casa una sanción de 100 euros en base a la ordenanza municipal de 2013. A los que fueron sorprendidos el pasado fin de semana en Ribadesella el alcalde les está formalizando decenas de multas a razón de 300 euros cada una en aplicación de su ordenanza de 2009. En Avilés por aquella época se habló de delimitar los espacios para el consumo de alcohol en la vía pública, pero al final el Ayuntamiento sigue sin regulación propia que prohíba o permita y sus agentes recurren a la Ley de Seguridad Ciudadana estatal, que castiga con entre 100 y 600 euros el consumo de bebidas «cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana».

Sirvan los anteriores ejemplos para retratar la disparidad con la que desde los consistorios se viene respondiendo a los botellones, un fenómeno al que la pandemia ha dado una vuelta de tuerca. Hasta ahora las aglomeraciones para beber alcohol en la vía pública eran sobre todo un problema cuando dejaba suciedad o molestaba con ruido al vecindario. Con la covid las autoridades sanitarias han señalado este tipo de reuniones sociales como uno de los probables focos de contagio, al reunir a personas que no conviven y pasan tiempo con la mascarilla bajada.

Esa nueva consideración como riesgo para salud está obligando a reaccionar. En pleno agosto, con parte de la plantilla de descanso y después de una década en la que Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y policías locales han visto sus plantillas recortadas en unos 630 efectivos, ahora los que quedan y están operativos se las deben ingeniar para controlar muchedumbres de personas en actitud festiva.

El conflicto está servido y en Asturias, como en otras comunidades turísticas del litoral, las intervenciones están derivando en lanzamiento de botellas y menosprecios. A esta falta de civismo por parte de los infractores y a la merma de efectivos por parte de los uniformados, se une una disparidad de criterios a la hora de reprimir estas conductas.

Caravia por ejemplo, es núcleo con alta afluencia estos días y, como Avilés, carece de ordenanza que sancione el botellón. Llanes sí dispone de normativa propia desde 2010 y su texto sanciona con entre 100 y 750 euros el consumo de alcohol en la vía pública «cuando pueda causar molestias a las personas que utilizan el espacio público y a los vecinos»; el castigo es de entre 1.501 a 3.000 euros cuando la concentración de personas «pueda alterar gravemente la pacífica convivencia ciudadana».

Una actitud similar en Ribadesella sería considerado infracción muy grave, pero la multa no pasaría de los 1.500 euros. «Se podría llegar a eso, pero normalmente las estamos poniendo como leves, pero dentro de esa categoría con 300 euros», confirma su alcalde, Ramón Canal.

La de Oviedo data de 2010, no cita la palabra botellón, sanciona el consumo en la calle solo si supone molestias, basura o hay menores, y deja en un apercibimiento la organización y asistencia pero de no hacer caso o estar ya tomando alcohol la cosa pasa de los 750 a los 1.500 euros.

Para dar un suelo común a todas, el Principado prohibió hace un año el botellón en toda la región señalando que la administración local «deberá adoptar las medidas oportunas para impedir las aglomeraciones de personas con esta finalidad». El problema es que la mayoría de los ayuntamientos o no tienen policía local, o no les da para mantener un turno de noche.

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