Los ayuntamientos de Asturias se rebelan contra Hacienda por mantener el bloqueo a su superávit

Cecilia Pérez defendió ante los alcaldes de Asturias que esta legislación que «menoscaba la autonomía local y carece de justificación» sea derogada «porque somos nosotros, los ayuntamientos, la administrtación pública menos endeuda y que con mayor rigor cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria». En 2020, últimos datos

publicados, la suma del superávit generado por los 78 municipios del Principado fue de 70 millones de euros. Desde que se aplica la 'Ley Montoro', se calcula que son más de 400 millones de euros los fondos retenidos procedentes de los remanentes de los municipios asturianos.

La presidenta de la Facc y alcaldesa de El Franco insistió en que los ayuntamientos «necesitamos disponer plenamente de todo nuestro potencial económico», ya que es, precisamente, la Administración local la «garante de la cohesión territorial».

Para ella, la digitalización, mejora de las infraestructuras y la captación de inversiones son los «pilares fundamentales» para revitalizar el medio rural. Considera que ya se están dando pasos en ese sentido, como demuestra que Asturias suma ya dos años de crecimiento demográfico y que el 25% de los concejos han crecido en población.

Otro de los retos a los que se enfrentan los concejos, que es compartido a nivel regional, está en el plano industrial. «Me refiero muy concretamente a la siderurgia, cuyo futuro es vital no sólo mpara unos pocos concejos, sino para toda nuestra comunidad», afirmó Cecilia Pérez.

Finalmente, también reclamó dar solución a otros problemas que están afectando al funcionamiento de la Administración local, como es la falta de secretarios e interventores. Además, pidió el desarrollo de un mecanismo regulatorio que conjugue el uso residencial de las viviendas con el alquiler vacacional. No hubo alusión alguna en su discurso a la tasa turística que el Principado desarrolla, para su aplicación, voluntaria, por los ayuntamientos que lo deseen.

En la asamblea de la Facc también intervino el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, quien defendió la necesidad de abordar una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local para incorporar las peculiaridades de los pequeños municipios a través de un Estatuto Básico que garantice la continuidad de los servicios públicos. En este sentido dijo que «los ayuntamientos se han visto obligados a asumir servicios públicos para los que no están preparados» debido a la indefinición competencial.

Por su parte, la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, que también acudió a la asamblea celebrada en Cangas de Onís, reivindicó el «firme compromiso» del Ejecutivo autonómico con el municipalismo. «Estamos diseñando el futuro que queremos para Asturias de la mano de sus municipios, porque este es un gobierno que escucha y que actúa», ha subrayado.