Los ayuntamientos cerraron el año con 70 millones de superavit, seis más que en 2019

El pasado fue un año atípico para la gestión del erario, con una pandemia que mermó la recaudación ligada a la actividad económica, necesidades sobrevenidas de gasto e impulso a los sectores más perjudicados, pero también ahorros provocados por un menor uso de los inmuebles públicos, la plantilla y el parón de determinados proyectos.

En mitad de estas tensiones, se produjo una rebelión de alcaldes de todo el país reclamando al Ministerio de Hacienda que permitiera usar el remanente presupuestario, esto es, el dinero que queda sin gastar en un ejercicio, un sobrante que hasta entonces solo se podía utilizar para amortizar deuda. Hasta septiembre no dieron por ganada la batalla.

Ese fue el contexto en el que se movieron los alcaldes de la región, y los datos del ministerio dan pistas de cuál fue el resultado. «Dentro de la extrema complejidad que los Ayuntamientos debimos afrontar en 2020, cabe destacar la ejecución presupuestaria», subraya Cecilia Pérez, alcaldesa de El Franco y presidenta de la Federación asturiana de concejos (Facc). «Por un lado, debimos modificar sobre la marcha las prioridades del gasto y, por otra, comenzar a incorporar durante el último trimestre del año los remanentes de tesorería acumulados en ejercicios anteriores», abunda.

En el capítulo de gastos, la ejecución presupuestaria, medida en obligaciones reconocidas respecto al presupuesto definitivo, se situó en el 78,2%. El resultado está lastrado en parte por la escasa realización del capítulo inversor. Los alcaldes empezaron con 57,7 millones reservados para obras y otros gastos productivos pero vía modificaciones elevaron esos créditos consignados hasta los 145 millones. Pese al optimismo, al final solo fueron ejecutadas inversiones por valor de 59 millones, lo que supone un 28,2% menos que en 2019.

En realidad salvo las transferencias corrientes y los activos financieros, todos los capítulos del gasto quedaron por debajo del ejercicio 2019. En un clima de incertidumbre, los alcaldes optaron por la contención y ajustaron los gastos un 5,4%. La reducción se da tras cuatro años de ingresos y gastos en expansión.

Para mejorar la capacidad de gasto la Asamblea General de la Facc celebrada del 26 de marzo acordó solicitar que «como ya se hizo para este 2021, las reglas fiscales queden también en suspenso durante los ejercicios 2022 y 2023, favoreciendo con ello que los Ayuntamientos podamos seguir usando al máximo nuestros recursos financieros para reactivar los concejos», indica Cecilia Pérez. «Está es una solicitud que estamos realizando a través de la Federación Española de Municipios y Provincias», agrega.