José Ángel Fernández Villa no ingresará en la cárcel

Según recoge el auto «el prolijo y detallado dictamen médico - forense emitido permite extraer la conclusión de que el penado, debido a sus patologías, un «deterioro generalizado de su estado de salud, que supone una dependencia grave, precisando una tercera persona para la totalidad de las actividades de la vida diaria y siéndole muy difícil el sometimiento al régimen de horarios del centro penitenciario». Además, el ingreso en prisión provocaría «cuadros confusionales agudos y agravaría el trastorno ansioso-depresivo que padece».

Argumenta la sala con anterioridad que el cumplimiento «de una pena de prisión por parte de un penado que padece una enfermedad que no puede ser calificada como muy grave y con padecimientos incurables, esto es, que no conlleve riesgo vital, sí puede vulnerar el derecho a la integridad física y mental».

También explica la Audiencia Provincial que si bien Villa podría recibir la atención pertinente en prisión, «supondría un esfuerzo y una particular dedicación, además de un sobrecoste, por parte del centro penitenciario, de difícil o imposible asunción». Asimismo, el ingreso en la misma provocaría una «especial penosidad constitutiva de una humillación o sensación de envilecimiento superior» al que suele llevar aparejada la simple imposición de la condena a la que se refiere el Tribunal Constitucional.

La Audiencia Provincial de Oviedo ordenó el 2 de octubre de 2020 su ingreso en prisión después de que el Tribunal Supremo confirmara la pena de tres años de cárcel para el exsecretario general del sindicato minero. Villa había sido condenado por un delito continuado de apropiación indebida de fondos del sindicato. Además de la condena de cárcel, la Audiencia Provincial le impuso el pago de una indemnización de 234.462 euros al SOMA-FITAG-UGT y con 190.696 a SOMA-UGT, además de una multa de 24.000 euros.

No es este el único caso en el que está implicado el que fuera máximo responsable del SOMA. La regularización de los 1,2 millones ocultos de Villa dio lugar a una investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre una presunta trama de corrupción en relación a la obra de la residencia de Felechosa del Montepío de la Minería, que saltó a la luz en 2017. Es lo que se conoce como el 'caso Hulla', aún en fase de instrucción, y que suma decenas de investigados, entre ellos el propio exsindicalista; José Antonio Postigo, expresidente del Montepío, y el constructor Juan Antonio Fernández. El informe en el que se basa la Audiencia Provincial para suspender la pena de Villa tiene especial relevancia en este segundo caso. La jueza que lo instruye se interesó recientemente por el documento forense que establece que el deterioro cognitivo del exsindicalista padecido en los últimos años desaconseja su entrada en prisión, lo que hace pensar que la jueza esté pensando en la posibilidad de que, su actual estado de salud, le impida someterse a un nuevo juicio. Fuentes judiciales entienden no obstante que su actual estado de salud no sería suficiente como para que no vuelva a los tribunales para ser juzgado en el 'caso Hulla'.