Aucalsa recaudará 1.950 millones más con la prórroga del peaje que la UE ve ilegal

Francisco Álvarez-Cascos, exvicepresidente y exministro de los ejecutivos centrales que tomaron esas decisiones, consideró «muy poco serio» revisar 24 años después lo sucedido. Mantiene que la prórroga se acordó a cambio de una contención de tarifas («habrá que preguntarle a la UE si también las vamos a tener que devolver»). También recuerda que el Gobierno del PP «canceló la prolongación de la autopista de pago desde León hasta Benavente que dejó Josep Borrell y la transformamos en autovía sin peaje».

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Son argumentos que ahora puede utilizar el Gobierno central para defender la legalidad de la decisión. Si no convence a Bruselas, la Comisión le ofrecerá negociar cómo acomodar la situación actual a la legalidad. Si no llegan a un acuerdo, Bruselas iría al Tribunal de Justicia de la UE solicitando que determine quién tiene razón. Si concluye que la prórroga fue ilegal, el Gobierno nacional tendría de nuevo plazo para asumir el veredicto. De no hacerlo, Bruselas acudiría de nuevo al Tribunal pidiendo la imposición de sanciones coercitivas.

Queda, por tanto, camino por recorrer en una controversia jurídica con importantes consecuencias económicas. El pasado año Aucalsa recaudó 47 millones, un 12,6% más que en 2022 y su nuevo récord de recaudación. El beneficio se contrajo de los 3,6 millones de aquel balance hasta los 0,5 del pasado curso. En una de sus últimas memorias, la concesionaria actualizó sus previsiones de ingresos en lo que le quedaba de contrato, situándolos en 2.150 millones para el periodo de 2019 a 2050. Visto que en el último quinquenio ha ingresado 196,3 millones, le quedarían, según sus expectativas, 1.953 millones por captar de sus usuarios hasta agotar el plazo de explotación que le tiene concedido el Gobierno central.

¿Cuál es el margen real ahora? Existe un antecedente directo. Bruselas ya abrió un expediente de infracción similar contra Italia por la prórroga a una autopista, la A12 de Livorno a Civitavechia. Consideró que la ampliación entre 2028 y 2046 infringió otra directiva distinta a la que habría sido vulnerada en la AP-66.

Italia primero ofreció un recorte de tres años en la concesión. Al no haber acuerdo, la Comisión acudió al Tribunal de Justicia de la UE, que en 2019 determinó la ilegalidad de la ampliación. El Ejecutivo transalpino dictó en diciembre de ese año el decreto Milleproroghe, que luego convalidó como ley y que derogó la ampliación e instó al Ministerio de Transportes y la concesionaria a negociar cómo reajustaban el contrato de concesión hasta 2028. La concesionaria interpuso pleitos defendiendo la legalidad de la prórroga y el contrato y a la par negocia compensaciones.

Según su última memoria anual, la cuestión sigue sin acuerdo; la última propuesta implica recibir 200 millones a cuenta, otros tramos de concesión, el incremento de tarifas y una venta final de las instalaciones por 119 millones.