Aucalsa espera recaudar 2.080 millones gracias a los 29 años de prórroga del peaje

El mismo camino debía seguir en unas semanas la autopista Campomanes-León (AP-66) de haberse cumplido el acuerdo inicial. El Real Decreto que lo reguló se incluyó en el Boletín Oficial del Estado del 17 de octubre de 1975, fijando que «la concesión se otorga por un plazo de cuarenta y seis años» a contar desde la publicación de la norma. Es decir, preveía su caducidad este otoño. El gobierno de José María Aznar acordó en el año 2000 modificar los términos de la concesión, prorrogando la explotación 29 años, hasta el 17 de octubre del año 2050.

Gaspar Llamazares y Francisco Javier Valledor, por parte de IU, habían anticipado meses antes en EL COMERCIO esa operación. Habían llegado a un borrador de real decreto que justificaba la ampliación en la necesidad de compensar a la titular, la Empresa Nacional de Autopistas, por asumir la construcción de la autopista Fene a Narón (o acceso Norte a Ferrol). La documentación recabada por la coalición apuntaba a que para financiar los 25.000 millones de pesetas de inversión en Galicia se ampliarían las concesiones de la AP-9 y la AP-66. Finalmente las prórrogas en ambas autopistas se acordaron, pero segregadas en reales decretos distintos; en el caso del Huerna, el Ejecutivo central justificó el paso en que las tarifas del peaje se habían regulado a la baja desde 1986, generando un desequilibrio económico que había que compensar.

Aquella prórroga de 29 años comenzará a contar desde el próximo mes de octubre y Aucalsa, la concesionaria que explota el Huerna, tiene sus cuentas echadas. Las últimas previsiones financieras pasan por cosechar un ingreso de peaje de 2.150 millones entre 2019 y 2050. Si a esa suma se le descuenta lo ya captado en los dos últimos cursos, resulta que su plan es cobrar unos 2.080 millones durante el periodo de prorroga. La cuenta de gastos esperada en el mismo periodo incluye unos 140 millones en inversión de reposición del firme y 260 en costes financieros.

La diferencia entre gastos e ingresos esperados da una idea del lucrativo porvenir de Aucalsa. La concesionaria fue privatizada en 2003 a favor de un consorcio liderado por Sacyr. Desde entonces acumula un beneficio declarado después de impuestos de 106,9 millones. Solo en tres ejercicios tuvo pérdidas, uno de ellos el pasado. La razón está en el confinamiento y la empresa ha reclamado una compensación por el perjuicio sufrido.

El de la AP-66 es por tanto un negocio sólido, que ayer cumplió 38 años cobrando a los usuarios de la única conexión de alta capacidad entre Asturias y León. El último informe del sector editado por el ministerio cifra en 834 los millones que captó hasta 2018 y la cuenta de resultados de Aucalsa indica que desde entonces sumó casi 70 más.