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Es, quizás, uno de los servicios sociales más desconocidos, pese a que afecta a los que más atención necesitan, los bebés, y que casi 2.000, según las últimas cifras oficiales, pasan por estos recursos cada año. Se trata de la Atención Infantil Temprana ... , «el conjunto de actuaciones planificadas que con carácter global e interdisciplinar se dirigen a la prevención, detección, diagnóstico y abordaje terapéutico de los trastornos de desarrollo del niño». Una atención dirigida a los menores de seis años con «trastornos en su desarrollo, con discapacidad o riesgo de padecerla y/o dependencia, así como sus familias». Una atención que Asturias ofrece a través de ocho unidades generalistas, de las que solo dos son públicas (con personal de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar), las de Gijón y Oviedo. Las otras seis –Tapia de Casariego, Avilés, Langreo, Arriondas, Mieres y Cangas del Narcea– son concertadas. Hay otras cinco unidades que dependen de asociaciones o fundaciones privadas, con las que el Principado tiene un concierto de financiación de plazas y que se denominan específicas, porque solo atienden determinadas patologías (parálisis cerebral en Aspace; sordera en Vinjoy; deficiencias visuales en la ONCE, y autismo en Adansi, que tiene dos sedes).
Y aunque el servicio dependa de Derechos Sociales, en su funcionamiento está muy implicado Salud y Educación. La coordinación entre las tres administraciones no estaba regulada. Profesionales del sector y familias llevaban tiempo reclamando una legislación autonómica que viniera a ordenar un servicio cada vez más demandado, que en algunos momentos en Asturias se ha visto colapsado, al menos en algunas unidades, por la alta demanda. De hecho, lo habitual es que haya muchos niños en lista de espera para acceder a las terapias.
Y por fin llegará esa regulación. Derechos Sociales acaba de publicar el proyecto del Decreto regulador de la atención infantil temprana en el Principado de Asturias, cuyo texto se somete ahora a la presentación de alegaciones. Un texto que por primera vez organiza la coordinación obligatoria entre esta consejería, la de Salud y la Educación, que crea órganos específicos para dicha coordinación; que regula los mecanismos de acceso al servicio de aquellos menores de 6 años «con trastornos en su desarrollo, discapacidad o riesgo de padecerla». En realidad, el servicio se dirige principalmente a los menores de 0 a 3 años y, a partir de ahí y hasta los 6, de «forma excepcional».
Uno de los objetivos que se marca el decreto es «garantizar un inicio precoz del proceso de diagnóstico funcional, atención y rehabilitación del menor» ya que, como familias y profesionales insisten frente a las listas de espera, es básico que estos niños puedan iniciar sus terapias en cuanto hay un diagnóstico. En este sentido, el texto establece la obligación de «iniciar de forma temprana y sin demora el proceso de atención y rehabilitación» y establece que los criterios para acceder al servicio serán «informe médico de derivación, diagnósticos médicos, situación socio-familiar, edad y disponibilidad del servicio».
Las unidades en las que se ofrecen las terapias formarán parte de toda una red mucho más amplia que incluye desde los pediatras, por su capacidad de detección de problemas en las revisiones rutinarias y Salud Mental hasta la escuelas de Educación Infantil, los equipos de Orientación y el profesorado especialista.
Las últimas cifras oficiales, las de 2017, dejaban claro que la demanda había aumentado un 30% en solo tres caso. Casi 900 niños solicitan cada ejercicio alguna terapia y el número de menores atendidos rozaba ya entonces los 2.000. Así las cosas, las unidades de Atención Temprana no conseguían atender toda la demanda, al menos no en los plazos recomendables, lo que llevaba y lleva a muchas familias, a las que se lo pueden permitir, a pagar servicios privados. Porque la espera para comenzar con las sesiones de logopedia, psicomotrocidad, fisioterapia o psicología, entre otros, puede durar meses. Aunque haya diagnóstico e informe favorable para comenzar la terapia, si no hay suficientes profesionales, es imposible llegar a todos. Eso es lo que las familias llevan mucho tiempo criticando, y solicitando el refuerzo de las plantillas. «La falta de cobertura se traduce en largas listas de espera para acceder a los servicios públicos o, peor aún, en no poder acceder a los mismos», han denunciado las familias.
No es un problema exclusivo de Asturias, sino que se repite en prácticamente todas las comunidades. Precisamente, en junio se celebró el Día de la Atención Temprana y, con ese motivo, la Plataforma Atención Temprana España entregó 100.000 firmas en el Congreso, pidiendo una «atención temprana pública, universal, gratuita y de calidad». La cuestión es que este servicio, ahora, depende de la regulación de cada comunidad y en cada territorio cambian las condiciones. Cambia, por ejemplo, la edad de los beneficiarios, ya que pueden ser los 3 o los 6 años. Cambia la tasa de profesionales y, por lo tanto, la cifra de menores a los que se da respuesta.
Según la plataforma, en España, de los «250.000 los niños que necesitan de Atención Temprana, más de la mitad no tienen acceso a los servicios públicos. Ausencia de recursos y trabas burocráticas lastran un servicio fundamental».
Por eso, las familias han pedido una Ley de Atención al Desarrollo Infantil, «que reconozca y garantice el derecho subjetivo a un atención realmente temprana, el mantenimiento de las intervenciones que las componen mientras sean necesarias, y armonice las distintas regulaciones autonómicas». También han solicitado que este atención se incluya en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Las reivindicaciones llegan, además, tras un año especialmente duro en este ámbito, como en tantos otros. Durante la pandemia, la atención en las unidades tuvo que suspenderse y tan solo se pudieron llevar a cabo aquellas terapias que se pudieran realizar de forma telemática, con lo que eso supone para los menores.
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