Asturias será de las últimas regiones en abrir un trámite exprés para las inversiones estratégicas

Aragón fue, en 2008, la primera comunidad en dotarse de una normativa que agiliza la burocracia a inversiones estratégicas. Lo hizo con un decreto-ley que confiere a su Consejo de Gobierno la facultad de declarar como «inversión de interés autonómico» todo proyecto «de especial relevancia para el desarrollo económico, social y territorial» de la comunidad. El sello confiere al expediente «un impulso preferente y urgente por las administraciones públicas aragonesas», reduce a la mitad los plazos y también los que regulan los cambios en la planificación urbanística, caso de que la inversión requiera amoldarla.

Desde entonces son trece las comunidades que han habilitado procedimientos exprés de este tipo. En 2009 lo hizo Navarra, en 2010 Baleares, Andalucía siguió en 2011, Murcia y Castilla y León en 2014 y Canarias y Galicia en 2015. En los últimos tiempos se han sumado la Comunidad Valenciana (2018), Castilla-La Mancha y Cataluña (2020), además de las comunidades de Extremadura y Madrid (2023).

En 16 años trece comunidades de todo color político llevan hasta 17 normativas para dar trato preferente (y atraer) proyectos empresariales potentes.

En el Principado el convencimiento de que hacía falta una herramienta similar se tuvo en 2020, negociando la llegada de Amazon a Bobes (Siero). Aquella experiencia dejó dos ideas en el Ejecutivo regional. De un lado, que convenía para estos asuntos poner a un alto funcionario al frente, con poderes para impulsar la tramitación en todos los departamentos implicados; ese principio está detrás de la creación, esta legislatura, de diez puestos de subdirector general.

También se vio claro las ventajas de abrir cauces de tramitación exprés. El plan normativo de 2022 tenía como objetivo de ese curso remitir a la Junta General un anteproyecto de ley de proyectos estratégicos que acorte plazos y recupere terreno respecto al resto de comunidades. La cosa se complicó y exigió de un cambio de legislatura y consejeros, pero ya está aquí. El Consejo de Gobierno entregó en mayo al parlamento un borrador llamado a ser ley, dada la disposición del PP y Foro a apoyarla.

El texto justifica la necesidad de abrir esta vía exprés en que «la globalización provoca que Asturias deba competir con otros territorios para la captación de inversión privada». «Los plazos de implantación se revelan críticos, siendo necesario que la región pueda ofrecer una respuesta estructurada y rápida a las propuestas de inversión».

Reconoce que «ha habido un incremento del número de trámites a los que se enfrenta un proyecto, ralentizando la respuesta final a los promotores». Es un impedimento cuya «consecuencia es la renuncia al desarrollo de los mismos o la búsqueda de otras regiones en las que los promotores encuentren más agilidad en la obtención de las autorizaciones».

¿Cómo funciona la norma? Confiere la declaración de Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) a proyectos compatibles con nueve categorías con enunciados suficientemente amplios como para excluir poca actividad económica. Al final lo que funciona como criterio selectivo para decidir qué es estratégico y qué no, es que el borrador exige que antes de dos años desde que se le den los permisos el proyecto genere un mínimo de 100 empleos indefinidos o la inversión que acarree sea de 30 millones.

Basta con que cumpla uno de esos dos parámetros. Además el borrador especifica que los umbrales antedichos se reducen a la mitad en los concejos clasificados como «en crisis demográfica» o «en riesgo de despoblación» . Son dos de las cuatro categorías en que la Ley de Impulso Demográfico clasifica los municipios; la consejería de Presidencia acaba de iniciar los trámites para afinar el decreto que determinará en qué clase entra cada concejo.

La empresa solicitará la declaración el Principado se fija como meta aprobar el sello de PIER o rechazarlo antes de tres meses. ¿Qué consecuencias tiene?

El Principado y los ayuntamientos deberán desde ese momento darle «despacho prioritario» al proyecto, lo que reduce los plazos a la mitad. La declaración puede llevar aparejada una lista de bienes y derechos a expropiar. La alfombra roja incluye que tenga «preferencia para acceder a líneas de financiación o formalización de avales» autonómica, la máxima puntuación si acude a ayudas a la inversión, y apoyos a la contratación.

Un hecho diferencial del borrador es que indica que si los terrenos sobre los que se pretende asentar esa empresa no tienen reconocido el uso pretendido o esa intensidad de uso en el planeamiento urbanístico en vigor se les declarará «compatibles urbanísticamente». El Consejo de Gobierno iniciará la modificación o revisión del planeamiento. Si el Ayuntamiento se opone, el Principado acudirá directamente a la Comisión de Urbanismo y Ordenación (CUOTA). Si el Consistorio alega no tener medios materiales o humanos para tramitar los expedientes, el Principado los asumirá.

Un repaso al resto de normas autonómicas muestra dos grupos. De un lado Aragón, Castilla y León, Baleares, Navarra y Canarias eludieron poner límite de empleo o inversión para entrar en la categoría prioritaria. Es el Consejo de Gobierno o la consejería de turno la que decide, de una manera más discrecional.

Entre las que sí objetivan en la propia normativa qué es susceptible de recibir alfombra roja hay variantes. Andalucía requiere crear al menos 50 empleos e invertir un mínimo de 25 millones, si bien admite de forma excepcional no cumplir esos límites.

Castilla-La Mancha también exige tanto un mínimo de empleo como de inversión, pero lo gradúa en función de la población del municipio; basta invertir un millón y crear cinco puestos para ser prioritario en los ayuntamientos más pequeños; la categoría más dura, la de núcleos con más de 30.000 habitantes, precisa de 30 empleos y diez millones.

Galicia es de las más selectivas, pues exige tanto 20 millones como la creación de un mínimo de cien nóminas. En Madrid basta que sean 50 empleos o diez millones (25 caso de proyectos energéticos). La Comunidad Valenciana lo pone más fácil: da preferencia a lo que pase de 600.000 euros y diez empleos, rebajando a la mitad las exigencias en zonas despobladas.

Frente a las demás normas, el borrador asturiano es relativamente exigente, pero también ofrece más ventajas. El resto de comunidades acortan plazos, pero son pocos los que dan facilidades urbanísticas y ninguno de la envergadura del borrador regional.