Se enfrenta a siete años y medio de cárcel y más de 320.000 euros de multa por traficar con cocaína

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado guardaba la droga en varios trasteros en Gijón, localidad a la que se desplazaba al menos un día a la semana. Fue detenido el 30 de noviembre de 2019 cuando salía de uno de los trasteros. En ese momento se le ocupó un envoltorio de plástico con 150 gramos de cocaína, un envoltorio con 3 gramos de cocaína y otro con dos gramos más de la misma sustancia, además de 200 euros. Se registraron además otros trasteros y el domicilio del acusado.

Una vez analizadas las sustancias incautadas resultaron ser 950 gramos de cocaína, con una riqueza del 83%, valorados en 107.523 euros; 3,14 gramos de cocaína, riqueza del 84,5%, valorados en 361,80 euros; 6,69 gramos de cannabis, valorados en 33,78 euros; 3,88 gramos de resina de cannabis, valorados en 21,73 euros; y 3.900 gramos de sustancia de corte, según indican desde la Fiscalía.

Además, durante la investigación se constató que la acusada adquirió sustancias estupefacientes al acusado con la finalidad de distribuirlas a su vez a terceras personas, motivo por el que, al menos, amos se reunieron los días 30 de septiembre de 2019 y 25 de noviembre del mismo año en Gijón. En el momento de su detención, la acusada llevaba 3,25 gramos de cocaína distribuidos en dosis, con una riqueza del 65,5%. La droga fue valorada en 290,40 euros.

La Fiscalía considera que el acusado es autor de un delito contra la salud pública en forma de sustancias que causan grave daño a la misma, en cantidad de notoria importancia y que la acusada lo es de un delito contra la salud pública en forma de sustancias que causan grave daño a la salud. De este modo, solicita que se condene a 7 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena y multa de 323.820 euros, con un día de privación de libertad por cada 100 euros no satisfechos.

Y para la acusada pide 3 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena y multa de 870 euros, con un día de privación de libertad por cada 100 euros no satisfechos.