Asturias es la tercera comunidad donde menos creció el empleo público en los últimos diez años

Esas variables están provocando una reestructuración de las plantillas. Hay cambios y llegarán más. El Gobierno central ofrece datos para ubicarse, a través del Boletín Estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, recién actualizado con datos del último enero.

Las administraciones central, autonómica y locales empezaron el año con un récord de plantilla, 65.501 empleados públicos, un 6,3% más que en 2023, un salto importante. Entre enero de 2020 y enero de 2021, el tiempo en el que hubo que responder a la pandemia, se contrataron sanitarios y profesores, hubo facilidad para la contratación, y la plantilla de empleados públicos de Asturias creció en 3.494 efectivos. Esta vez lo ha hecho en 3.904. Es decir, el cambio es más acusado.

Están facilitando las contrataciones que en 2023 el Gobierno central aprobara una tasa de reposición del 110%, lo que implica que por cada diez jubilaciones se autorizaba a reclutar a once efectivos, para recuperar así las plantillas tras años de recortes y estabilizar las plantillas. En mayo de 2022 el Principado aprobó «la mayor oferta pública de empleo de su historia», según se anunció, con 8.416 puestos. La del pasado diciembre incrementó en 1.924 la oferta. Están siendo buenos tiempos para ponerse a opositar, algo que notan las academias de formación.

Y pese a ello, sería erróneo considerar que Asturias es de las comunidades con mayor proporción de empleo público en relación a su población, o que la continuidad de gobiernos socialistas al frente del Principado está expandiendo las plantillas más que en otras comunidades.

Los datos del Boletín Estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas así lo indican. Entre enero de 2015 y el mismo mes de 2024 en Asturias se incrementó un 22% la cifra de empleados con nómina a cuenta del erario; es el tercer aumento más moderado de entre todas las comunidades. En el resto del país las plantillas públicas aumentaron sus efectivos en la última década un promedio del 30%. En la parte alta de la tabla, las administraciones autonómicas de Canarias y de Baleares, donde sus respectivas plantillas se dotaron de un 53% y un 45% más de personal respectivamente. En la parte baja, Extremadura y Castilla y León, las únicas donde se ha creado menos empleo público que en Asturias, con un 14% y un 13%.

La evolución de la última década, cierto es, no da una imagen completa del fenómeno. Se puede argumentar que lo normal es que una comunidad con sobredotación de funcionarios deje de incrementar su plantilla durante un tiempo. Esa es una de las explicaciones detrás de la evolución reciente de Asturias.

Si se cruzan los datos de empleados públicos en cada comunidad por la población que el Instituto Nacional de Estadística (INE) atribuía a esa autonomía a principios de 2024, resulta que en enero había aquí un empleado público por cada 15,4 habitantes o, lo que es lo mismo, que el 6,49% de los asturianos trabajan para las administraciones. Es la séptima mayor proporción de un país donde el promedio es del 6,11%. Asturias debería prescindir de 3.900 empleados públicos para estar al mismo nivel que la media del resto de regiones.

Y ¿cómo están el resto? Pues resulta que en Cataluña los años de recortes del sector público se han traducido en que allí sólo el 4,59% de la población trabaja para las administraciones y que Baleares, una de las que más ha crecido en la última década, sigue siendo de la tercera peor dotada de trabajadores en el sector público.

En el lado contrario anda Extremadura, con un 9,02% de la población con contrato con sus ayuntamientos, diputaciones y Administración autonómica, dato que explica que la última década figura entre las que más trató de contenerse.

España está recibiendo un maná de fondos europeos a través del Plan de Recuperación, programa condicionado al cumplimiento de determinadas reformas. Entre las comprometidas con la Comisión Europea está la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

En su preámbulo, el texto reconoce que en paralelo a la consolidación del Estado del bienestar y la descentralización territorial de las administraciones la evolución del empleo público ha estado marcada «por un aumento de la tasa de temporalidad, que ha llegado al extremo de que casi el 30% de los empleados públicos tienen o han tenido un vínculo profesional temporal con la Administración pública».

A pesar de que diversas normas aconsejaban ir reduciendo ese empleo temporal, la realidad fue por otro lado por varios factores. Entre ellos está esa tasa de reposición que limitó la capacidad de sacar a concurso las plazas (y que el Gobierno central quiere eliminar a partir del año que viene), pero no solo. El caso es que «si bien una tasa de temporalidad es necesaria e inherente a cualquier organización, no lo es cuando deviene en estructural y supone en algunos sectores de la Administración tasas cercanas al 50% de su personal», indica la norma.

Asumida la situación, el compromiso con la UE es el de llegar al 31 de diciembre de 2024 con una tasa de temporalidad del 8%. ¿En qué punto estamos?

Muy lejos, según las estadísticas que ofrece el boletín del Gobierno central, especialmente en el ámbito de las administraciones autonómicas. En enero había en toda España 623.661 funcionarios interinos trabajando para comunidades autónomas, lo que suponía el 33,5% de ese empleo público. El sector público del Principado se situaba como el quinto con mayor proporción de funcionarios interinos sacando el trabajo diario, con un 37,9% de la plantilla total.

Por subáreas, el frente más retrasado en proporción sería el de personal no sanitario que trabaja en instituciones sanitarias, contingente donde el 63,9% tiene relación laboral de funcionario interino. Le sigue el del personal sanitario, que empezó el año con un 55% de plantilla con esa condición. En el grupo de docentes e investigadores la proporción es del 26%.

Con el volumen de plantilla actual, esto es, con esos 47.005 empleados públicos del sector autonómico, alcanzar una tasa de temporalidad del 8% implicaría que como máximo debería haber 3.760 trabajadores con vinculación no indefinida. Eso pasaría por estabilizar en doce meses 14.000 destinos, esto es, que en lugar de estar cubiertos por funcionarios interinos tengan ya a funcionarios de carrera o laborales fijos. El reto es de envergadura. Un dato: entre enero de 2023 y enero de 2024 la lista de funcionarios interinos menguó en el sector autonómico asturiano, pero apenas en 215 efectivos.

El problema es autonómico. Según la estadística, entre el personal que trabaja para la administración central en Asturias solo el 0,9% eran internos. En los ayuntamientos lo son el 12%.