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Son 26 menores de edad. La mayoría son niñas. Una de ellas no ha cumplido los 3 años. Otras dos, están entre los 4 y los 6 años. La mayoría, ocho, son adolescentes. En el grupo aparecen cuatro niños. Dos, de entre 7 y 11 ... años. Los otros son adolescentes. La ciudad de residencia mayoritaria es Gijón, pero también hay casos en Oviedo, Avilés, Mieres, Aller, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Cangas de Onís, Llanes, Parres, Grado y Coaña, El nexo común entre todos ellos es que han sufrido abuso sexual en el seno de la familia. Y por ello han pasado a la protección del Gobierno regional.
También ha tenido que proteger a otros 25 menores. En esta ocasión, el reparto entre hombres y mujeres es de 60 a 40% para ellas, pero también hay casos por todos los tramos de edad. Hay dos niñas de menos de 3 años y un niño, los mismos datos para el grupo de 4 a 6 años, aunque el protagonismo absoluto es para los mayores de 12 años: catorce menores, de los que once son chicas. Gijón, Oviedo, Avilés, Cangas del Narcea, Langreo, Laviana y San Martín del Rey Aurelio son sus lugares de residencia. O, en realidad, eran, porque el motivo que les ha llevado a todos a que su tutela dependa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar es que han sufrido abandono. El literal.
Y ellos son solo 51 de los 670 menores a los que el año pasado tuvo que proteger el Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia, el organismo que dirige Marta del Arco y depende de la consejería.
Los datos aparecen en la Memoria 2022 de la entidad y reflejan una disminución del 3% respecto a los menores que necesitaron de la intervención del Principado (670 el año pasado, frente a 693 en 2021), pero incrementos en algunos de los aspectos que necesitan de la actuación directa del Instituto Asturiano de Atención Integral a la Infancia y a las Familias.
Ese es el caso de lo que la Administración califica como 'negligencia'. Se trata de familias que no dan un trato adecuado a los menores bajo su protección. No llega a la gravedad de maltrato, tanto físico como emocional, pero sí requiere de la intervención oficial. En esa situación se encontraban el año pasado 210 menores, un 17% más que en 2021.
Por edades, es entre los 7 y los 11 años el grupo en el que más casos de trato negligente de han registrado. Lo han sufrido 29 niños y 26 niñas. Un trato inadecuado que afecta, también, antes de nacer. El Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia y a las Familias abrió expediente a tres embarazadas por poner en riesgo el embarazo. Tres embarazos de los que nacieron dos niñas y un niño.
También fue necesario abrir más expedientes por maltrato físico. Por golpear a sus hijos o hijas les fue retirada la custodia a los progenitores de 54 menores, un 24% más que un año antes, cuando fueron 46 los menores que sufrieron agresiones físicas de sus familiares.
Igualmente se detectó un aumento de los casos de abandono. Del literal, como describe la memoria del Instituto. Lo sufrieron los 25 menores ya citados, un 20% más que en 2021, cuando el Gobierno regional tuvo que asumir la tutela de 21 menores abandonados por sus familias.
No es abandono literal, pero sí es dejación de funciones parentales lo que genera el mayor número de expedientes abiertos por la Administración asturiana a familias. Bajo el epígrafe 'dificultad de control de la conducta del menor' aparecen los casos de 129 adolescentes cuyos progenitores han tirado la toalla ante el comportamiento de sus vástagos.
Y se habla de adolescentes porque de los 129 expedientes, solo dos casos están protagonizados por niños (ambos son varones) de entre 4 y 6 años. El grupo mayoritario, 55 casos, lo conforman los adolescentes de entre 12 y 14.
La violencia filiopaternal, la que practican los adolescentes contra sus padres o madres, ha ido en aumento en los últimos años. Tanto que motivó una llamada de advertencia desde la Fiscalía de Menores de Asturias en 2017. «Hemos notado que los asuntos de maltrato familiar se han incrementado bastante. Hemos incoado ya más de veinte casos en estos primeros meses del año». En 2021 fueron 70 los delitos de violencia doméstica imputados por su departamento. Es decir, de adolescentes que agredieron a algún familiar.
No significa que los 129 hayan cometido un delito o presentado comportamientos violentos, sino que la comunicación con sus progenitores está dañada y hay que dar a unos y otros las herramientas para restablecerla.
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