Asturias seguirá incumpliendo el objetivo de reciclaje de la UE incluso con la 'plantona' activada

La directiva de residuos de 2008 estableció como objetivo para toda la UE que «antes de 2020» al menos el 50% de los residuos domésticos fuera sometido a procesos de reutilización y reciclado. Había doce años de margen, tiempo que ha sido especialmente insuficiente para Asturias. Llegada la fecha límite, solo el 22,43% de los desperdicios que salen de los hogares y comercios pasó por ese tipo de procesos, lo que supone la segunda menor proporción del país, por detrás de Galicia (22,25%).

«Estamos en una situación mala o muy mala en la gestión de los residuos», advirtió hace dos semanas Margarita Ruiz Saiz-Aja, subdirectora general de Residuos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Acudió a una reunión con representantes del Principado, Cogersa y los ayuntamientos, y a todos les explicó que la Comisión Europea inició en julio un procedimiento de infracción contra España por el incumplimiento de ese parámetro; anticipándose a ese escenario el Gobierno central sacó una ley que, caso de recibir una multa por parte de Bruselas, le permite repercutirla a los Ejecutivos autonómicos. Según calculó Ruiz Saiz-Aja, de llegar a esa situación el Principado se expone a una multa global de 25 millones.

El riesgo contrasta con un hecho. Cumplir el parámetro del 50% fue una de las máximas prioridades que se marcaron los planes de residuos aprobados por el Principado en 2014, 2016 y 2018. El último reconoce que se estaba lejos, por lo que planteó dos acciones principales. De un lado la tradicional, deseable y que nunca cumple las expectativas: «Llevar a cabo un enorme esfuerzo en lo que a recogida separada se refiere». Es decir, lograr que el ciudadano eche mucho más en los contenedores de reciclaje. De otra parte, y dado que 2020 era ya una fecha inminente, el documento apuesta por levantar una Planta de Clasificación de residuo urbano de tratamiento mecánico-biológico (TMB).

En ocasiones anteriores este tipo de instalación fue descartada, entendiendo que eran demasiado costosa en relación a los materiales que efectivamente recupera. Esta vez ya sin margen el Principado apostó por encomendar a Cogersa que licitara el proyecto, obra y puesta a punto de lo que se ha dado en llamar la 'plantona'. En síntesis es una enorme fábrica a la que irán a parar 340.000 toneladas anuales de la bolsa negra, esto es, la que los asturianos arrojan al contenedor que no es de reciclado. En la instalación esas bolsas se abrirán y se extraerán los materiales aún recuperables. Para alimentar el proceso a la planta se le echan también muebles y otros compuestos de mayor poder calorífico, totalizando las 415.000 toneladas tratadas.

Cogersa licitó el contrato en 2018, por importe de 64,4 millones. Era la mayor inversión de su historia pero, según las previsiones del plan autonómico 2017-2024, una vez activada serviría para cumplir el objetivo legal del 50% de preparación para la reutilización y el reciclaje. La instalación se adjudicó en 58 millones, si bien dos modificados después, el presupuesto ha subido a 79. El mayor incremento lo suponen los 14,7 millones que costarán las obras de reconstrucción y mejora diseñadas tras el incendio del pasado mes de abril.

El esfuerzo económico se ha ido así elevando, no así el provecho final. Aunque el plan de residuos 2017-2024 se hizo para cumplir el objetivo del 50% en 2020 (y el siguiente, del 55% en 2025) ahora se sabe que con la 'plantona' no bastará.

El Plan 2017-2024 fue cerrado en abril de 2018 y aunque se hace eco de normativa en vigor y en tramitación, hay algo que se le escapó. Un mes después, el 30 de mayo, la UE aprobó una nueva directiva de residuos que complica las cosas. Entre sus preceptos establece que a partir de 2027 se podrá computar como reciclada la materia orgánica (restos de comida y poda) «solo si han sido recogidos de forma separada o separados en origen». Es decir, deben depositarse en un contenedor marrón.

Según los últimos datos de Cogersa, relativos a 2023, el 34,3% de la bolsa negra son materiales orgánicos. Eso implica que un 28% de lo que procesará la 'plantona' (unas 116.620 toneladas) son restos de comida y poda que no podrán ser tenidos en cuenta a la hora de cumplir los objetivos de la UE.

Esta cuestión lleva años generando controversia entre los técnicos del sector y más de un gestor público confiaba en que Bruselas rectificara ese parámetro. En su encuentro con los alcaldes, el Principado y el personal de Cogersa, Margarita Ruiz Saiz-Aja fue sin embargo tajante: «A partir de 2027 la materia orgánica que recuperemos de la fracción resto a través de TMB no podrá ser incluida en este cómputo». Según su diagnóstico ahora hay cuatro comunidades que sobre el papel ya someten a preparación para la reutilización y reciclado el 55% de sus residuos municipales (La Rioja, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura) «pero si vemos la situación descontando esos residuos que ahora sí computamos de las TMB pasamos a un mapa en el que ninguna comunidad cumpliría».

Actualmente la media nacional sería de un 43% de residuo municipal procesado como pide la UE, pero si se descuentan las sobras de comida y poda que entran en otras 'plantonas' baja al 25,9%. «Si se apuesta únicamente por plantas TMB para recuperar los materiales que ahora van a vertedero no se cumplirán los objetivos, especialmente en 2027, cuando no podamos incluir la materia orgánica», subrayó.

El Plan 2017-2024, aprobado un mes antes que la directiva, apuesta por la 'plantona' sin tener en cuenta que parte de lo que procesa no podrá darse por reciclado. Un informe intermedio del plan asume que la 'plantona' permitirá incrementar los datos de reciclaje, pero sin ser suficiente para cumplir con la UE. El documento llega a esa conclusión sin hacer referencia explícita al cambio metodológico que la normativa establece en 2027.