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efe
Oviedo
Jueves, 17 de septiembre 2020, 13:27
La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha anunciado este jueves la modificación del reglamento del salario social para agilizar las revisiones motivadas por el empleo temporal de las personas perceptoras de la renta mínima y que permitirá a sus beneficiarios que « ... sólo tengan que notificarlo una vez año, por lo que podrán aceptar los nuevos empleos sin ocasionarles tantas cargas burocráticas».
Álvarez, que ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, ha explicado que esta modificación facilitará que la revisión se realice una vez al año y ofrecerá mayor estabilidad a los beneficiarios, que podrán aceptar contratos temporales sin tener que comunicarlo cada vez que se inicien o finalicen y sin ver alterado el cobro del salario social, dado que su situación se regularizará una vez finalizado el año natural.
La portavoz del Gobierno ha recordado que la modificación del decreto del salario social se encuentra en el trámite de consulta pública y ha valorado las políticas del Gobierno regional hacia los colectivos mas vulnerables.
La Consejería precisa que la proliferación de contrataciones temporales de escasa duración, incluso de menos de una semana, o de temporada, han derivado en un incremento notable en las comunicaciones de variaciones o revisiones del salario social.
Apunta que gran parte de ellas no conllevan finalmente una modificación de la prestación, pero implican que, por una parte, las personas beneficiarias tengan que acudir a su centro municipal de servicios sociales cada vez que inician o finalizan una relación laboral y, por otra, que la Administración inicie las oportunas actuaciones revisoras.
Actualmente, 1.176 personas que cobran el salario social están a la espera de que se analice su expediente con motivo de variaciones por contratos de trabajo de duración inferior a seis meses, lo que representa el 20 por ciento del total de revisiones pendientes.
Este cambio se enmarca en la senda de simplificación administrativa que ha emprendido el Principado y está en la línea del Decreto Ley 20/20, de 29 de mayo, por el que se regula el ingreso mínimo vital, que toma como período de cómputo de ingresos el ejercicio anterior.
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