SARA G. ANTÓN
Sábado, 8 de mayo 2021, 21:50
Aplicar un peaje a vías que hasta ahora eran de libre acceso vuelve a estar sobre la mesa. En esta ocasión, en el marco del Fondo de Recuperación que el Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado a Bruselas para tratar de demostrar que las cuentas ... españolas son sostenibles. Y en los cajones ministeriales 'duerme' desde hace diez años un informe sobre los efectos que tendría este cobro por circular en autovías, autopistas e incluso la red de carreteras nacionales.
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El documento se denomina META (Modelo Español de Tarificación de Carreteras) y lleva fecha de marzo de 2011, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno central. Participaron en él expertos y técnicos de diferentes ámbitos y analiza las consecuencias que tendría aplicar esos peajes tanto en la accesilibidad como en la posible saturación de las vías que siguieran siendo gratuitas además de abordar impactos medioambientales y económicos.
Los efectos en Asturias, a tenor de ese documento, vendrían marcados por su condición de región periférica. Y también por su «escasa red de alta velocidad». Se advierte en el documento que una tarificación añadida puede «agravar su desventaja» por su ubicación, además de que regiones como el Principado verían reducida su accesibilidad. En definitiva, se acentuaría el efecto centro-periferia. Unas consecuencias que el propio informe reconoce se pueden paliar ponderando el valor de la tarifa que se aplique.
En cuanto a la accesibilidad, Asturias, de aplicarse el peaje a autopistas y autovías, perdería un 4,7% para vehículos ligeros; entendiendo esa accesibilidad como la facilidad con la que se llega al punto de destino. Para vehículos pesados, la bajada sería menor, de un -0,88%. En ambos casos, por debajo de la media española (-6,64% y -1,59, según el informe META).
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Si a autopistas y autovías se añade cobrar en la red de carreteras nacionales, el impacto se incrementa. Se perdería un 11,6% de accesibilidad en vehículos ligeros y un 9% para los pesados (un -12% y un -5,8% de media en el país, respectivamente).
También preocupaba a los redactores del META cómo afectaría esta propuesta a la redistribución de tráficos. Hacia dónde y cómo se producirían los previsibles 'desbordamientos' (spillovers). Es decir, el impacto que la tarificación provoca en las comunidades vecinas. En este punto, Asturias, junto con Cantabria, Galicia y Extremadura, consideraba el informe, serían de las regiones menos afectadas por su «escasa» red de alta velocidad; cuando se elaboró ese informe aún no estaba finalizada la autovía del Cantábrico (lo hizo en diciembre de 2014) ni se habían inaugurado los tramos de la A-63 Salas-La Espina (2012) y Doriga-Cornellana (2017).
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Cuantifican ese impacto en unidades de potencial económico. Y una buena parte del impacto negativo de la tarificación en el Principado se quedaría en la misma región. De las 1.029 unidades en las que se cifra su 'spillover', 821 se quedarían dentro de la misma región. Se distribuiría por redes propias.
Desde Castilla y León sería desde donde llegarían a Asturias los mayores 'desbordamientos' (-227) y provocaríamos la mayor afección a Cantabria (-90).
El Partido Popular ha expresado su rechazo a esta posibilidad de crear nuevos gravámenes y ya ha anunciado su intención de acudir a la Junta General para conseguir una declaración institucional de todos los grupos para instar a Adrián Barbón a exigir al Gobierno central que esa iniciativa no siga adelante.
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