RAMÓN MUÑIZ
GIJÓN.
Sábado, 22 de septiembre 2018, 02:36
España fue multada en julio por llevar años saltándose la directiva comunitaria sobre depuración de aguas y se está jugando un nuevo tirón de orejas por la situación de sus túneles de carretera. Entre 1999 y 2001 tres colisiones, cigarrillos mal apagados y otros ... accidentes desencadenaron en pasos subterráneos de Francia, Italia y Suiza accidentes que dejaron 62 víctimas mortales. Bruselas decidió intervenir, elaborando una directiva que obligaba a los países a revisar todos sus túneles y aplicar en ellos las mejoras de seguridad que la técnica ya permitía. La normativa se aprobó en abril de 2004 y era tan exigente como clara. En las infraestructuras que no dispusieran de todas las mejoras requeridas «la remodelación se llevará a cabo de acuerdo con un calendario y deberá haber concluido a más tardar el 30 de abril de 2014». Solo a los países que tuvieran que hacer más arreglos que los demás se les permitía alargar ese ultimátum cinco años.
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Como con el saneamiento, España se tomó el asunto con entusiamo en lo tocante a planificar. En apenas dos años tenía traspuesta la directiva, en un Real Decreto que establecía parámetros todavía más exigentes que los reclamados por Bruselas. Luego se puso a hacer los primeros proyectos y a calcular lo que costaba mejorar la iluminación, ventilación, señalización y poner todas las galerías de evacuación autoimpuestas. Tras comprender la magnitud de la reforma, los distintos equipos ministeriales fueron dejando el asunto para el siguiente.
Magdalena Álvarez, José Blanco, Ana Pastor e Íñigo de la Serna se han ido sucediendo como ministros, pero todo indica que va a ser al equipo de José Luis Ábalos al que le toque dar explicaciones a la Unión Europea. El último inventario fija en 113 los túneles de la red de carreteras del Estado que incumplen los parámetros del Real Decreto sobre seguridad.
Si en la sentencia por los vertidos al mar sin tratar la zona este de Gijón quedaba como el lugar con mayor población afectada por el incumplimiento, aquí Asturias vuelve a destacar. Son 21 los túneles que incumplen la normativa bajo suelo de la comunidad, recuento al que cabría sumar dos más situados en el lado leonés de la autopista del Huerna (AP-66). Los problemas se localizan allí y en la mayoría de pasos de la autovía del Cantábrico, la Oviedo-Villaviciosa (A-64) y la del suroccidente (A-63). El dato sitúa a la provincia como la que más obras tiene pendiente para cumplir la legislación junto a Málaga, donde también se localizan 21 tubos con problemas.
La envergadura de las obras a ejecutar permitió a Fomento acogerse a la prórroga que permitía la propia directiva, pero para los 113 túneles con déficit de seguridad ese plazo extra expira el 30 de abril de 2019. Quedan siete meses y el ministerio asume que en ese tiempo no podrá resolver lo que no arregló en los doce años que lleva vigente el Real Decreto.
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Sus intenciones y la magnitud del problema quedaron apuntados en el vigente Presupuesto General del Estado. Como en las cuentas de años anteriores, esta vez tampoco consignó partida alguna para iniciar esta gran reforma de los túneles del país, pero, por primera vez, anunciaba que ese sería uno de sus objetivos, y que la factura sería de aúpa. El presupuesto contempla invertir a partir del año 2019 alrededor de 1.053 millones para cumplir el Real Decreto. De nuevo, Asturias es la que más desembolso requerirá hasta lograr que las galerías de las autovías y autopistas se adecúen a la normativa. En su programación, el ministerio reserva ya 50,439 millones para ejecutar las mejoras pendientes. Si el Gobierno central logra sacar adelante nuevos presupuestos y cumple ese calendario, el Principado lograría cumplir la normativa en el año 2021.
La suma anotada no bastaría para cubrir la reforma de los túneles de la autopista del Huerna (AP-66). Y ello a pesar de que la concesionaria que gestiona el paso, Aucalsa, lleva años advirtiendo de que el desembolso que requiere la infraestructura sería el mayor afrontado desde su construcción, lo que, a su entender, obligaría a renegociar las condiciones del contrato de explotación de la vía.
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El volumen de la factura explica por qué los anteriores equipos ministeriales fueron empujando la pelota. El dinero que requiere arreglar todos los túneles del país excede a todo el presupuesto que este año tiene la Dirección General de Carreteras para inversiones. Es decir, la empresa va a lastrar la capacidad del departamento para atender su cartera de proyectos. Vienen por tanto años en los que el ministerio podrá iniciar menos tramos de autovía, para poder así consagrarse a dar seguridad a la red ya existente.
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