La Asturias que protesta

Sin salir del corazón de la región, el sierense Palacio de la Torre de Celles es uno de los emblemas de la inacción, denuncia la Asociación de Vecinos San Juan Bautista, que lleva doce años luchando por la conservación de uno de los mayores vestigios del barroco rural en Asturias, declarado Bien de Interés Cultural en 2003 con la categoría de monumento. Su presidenta, Carmen Blanco, relata el largo peregrinaje por recuperar esta edificación, en estado deplorable. En 2007, acudió al Ayuntamiento de Siero a denunciar la situación y le respondieron que era una propiedad privada. También remitió un escrito a Patrimonio con material fotográfico, pero no le respondieron. «Cada dos meses iba a preguntar, hasta que me dijeron también que era de titularidad privada y que iban a hablar con la dueña».

En 2009, logró hablar con el director de Patrimonio de entonces y le explicó que tenían carencias de personal para tramitar los expedientes, la misma respuesta que obtuvo al año siguiente, con otro director. «Yo solo les decía que hicieran cumplir la ley», subraya. Al ser un edificio catalogado, si la propiedad no lo conserva, la Administración está obligada a rehabilitarlo de forma subsidiaria. La respuesta fue que había muchos más edificios en la misma situación.

Blanco reconoce -eso sí- que, con la llegada del nuevo Gobierno de Siero en 2015 y la concejala de Urbanismo, Noelia Macías, «se han dado pasos importantes» y se ha instado a la propiedad a recuperar el edificio. En este tiempo, hubo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que critica la inacción de Patrimonio y habla de imponer multas coercitivas a la propietaria. La dueña ha recurrido con el argumento de que falta un informe de declaración de ruina y se está a la espera de la resolución. Mientras, el palacio agudiza su deterioro.

Los que no ven avances cada vez que miran al cielo son los vecinos de Gijón, donde la preocupación se entremezcla con el enfado a cuenta de «la pasividad de una Administración» que -dicen- no está haciendo todo lo posible por frenar la contaminación en la ciudad. Una situación que se agrava en los barrios de la zona oeste, muy próximos a las industrias del concejo. «Cada vez tenemos más contaminación», afirma Inés Prada, quien, pese a reconocer que el tráfico es uno de los factores que aumenta los niveles de partículas contaminantes en la ciudad, centra el foco de su crítica en las emisiones de la industria.

«Es de donde surge el problema y donde el Principado está siendo más flexible. Hay que aumentar las sanciones», defiende esta vecina de La Calzada.

Junto con el de El Lauredal, este barrio ha decidido crear una plataforma para presionar a la Administración a tomar medidas. «Nos han obligado a hacerlo. Estamos pagando con nuestra salud la permisividad del Principado con las industrias. Entendemos que son importantes para la región, pero no a este precio», explican desde el colectivo, que se reúne una vez al mes para actualizar los datos y organizar protestas. «Si esto se va a solucionar de alguna manera es a través de la presión vecinal», insiste Adrián Arias, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón.

Suciedad, terrazas llenas de polvo y carrocerías de los coches en continuo desgaste. El foco no está únicamente en las consecuencias de la polución para la salud, sino también en cómo afecta esta a la calidad de vida de quienes la padecen. «Antes podías tender la ropa al aire, ahora es algo imposible. Y tengo árboles frutales que se mueren», dice Isabel Villalá, vecina de Jove y quien hace ya tiempo que no tiene huerto «por culpa del mercurio que emiten las fábricas».

Cuando comenzó a intensificarse el problema, Villalá envió «numerosas cartas» al Principado para que pusiese freno. No hubo respuesta. «Estamos hartos de que nos deriven a otros departamentos o instituciones. Al final, la única solución que fueron capaces de poner en marcha fue limitar la velocidad en las carreteras. Saben de sobra que ahí no está el problema».

Y de padecer las consecuencias derivadas de la actividad industrial saben lo suyo en la localidad ovetense de Llagú, donde, cuando a Juan Carlos González se le pregunta cómo es vivir en frente de una cantera, la respuesta es tajante: «Un horror». Porque él, su mujer y sus cuatro hijos residen en una casa ubicada a 186 metros de la explotación La Belonga, «con emisiones de polvo, exceso de ruido y suciedad». Denuncias que derivaron en el cese de actividad de la cantera por orden del Ayuntamiento y a instancias de la Fiscalía por incumplir los niveles de ruido permitidos. De esto hace un año y sirvió para que la empresa se comprometiese a presentar un plan para mantener abierta de manera parcial parte de las instalaciones y reducir las emisiones de sustancias a la atmósfera y la contaminación acústica.

Juan Carlos González reconoce que a raíz de los «pleitos judiciales» la situación «avanzó algo», pero las molestias diarias siguen afectando a esta familia, desde lo más liviano a lo más grave: la salud. «Mi mujer está con pastillas para poder dormir y con antidepresivos», relata. «Los médicos no se quieren mojar, pero alguno ya nos dijo que, si fuesen sus hijos los que viviesen allí, ya se hubieran ido». EL COMERCIO tuvo acceso a los informes médicos redactados a raíz de las sucesivas visitas de esta familia al servicio de Urgencias. Uno de ellos hacía referencia a una de sus hijas, que hoy tiene once años, y explica que las crisis respiratorias que sufre se agravan al estar sometida a un ambiente «cargado de polvo ambiental con gran componente arenoso». Otro informe le diagnosticó a la menor de los hermanos, que hoy tiene dos años, una «fatiga intermitente al respirar polvo de origen mineral».

Amalia Naves vive a escasos metros de la vivienda de la familia de Juan Carlos González y es muy clara: «Yo no estoy a favor de que se cierre ninguna industria, pero sí pido que se respete al medio ambiente». Esta vecina denuncia el mal estado de la carretera de acceso a Llagú. «En un radio de quinientos metros, tenemos dos canteras y una planta de hormigón. La carretera se llena de polvo, por lo que pedimos al Ayuntamiento que la riegue, pero no hacen nada».

También contaminación acústica sufren los vecinos de Trasona, en Corvera, donde hasta el párroco, Constantino Bada, se queja del ruido que hay en misa. Hace más de cuarenta años que la autopista partió en dos a Trasona. Una infraestructura tan necesaria como molesta que ha ido minando la paciencia y la salud de los vecinos de una localidad con mucha población mayor que lleva más de cuatro décadas escuchando el zumbido de los coches sobre el hormigón.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el oído humano pude tolerar 55 decibelios sin ningún daño a su salud. Dependiendo del tiempo de exposición, ruidos de más de 60 decibelios pueden provocarnos malestares físicos. Allí, los sonómetros aportan datos escalofriantes. Hay viviendas que soportan de continuo más de 86, con multitud de patologías derivadas. «Te acostumbras al ruido porque no duele, pero con el paso de los años pierdes oído», explica Lorenzo Hernández, que ha perdido casi toda la audición.

«Tengo informes médicos en los que queda claro que mis problemas de salud están provocados por el estrés que me genera el ruido», cuenta Rosi Rodríguez. Pero, dejando de lado las cuestiones médicas, el día a día de una localidad de 1.999 habitantes se hace casi insoportable en determinadas épocas. «En verano no puedes estar con la ventana abierta porque se hace insoportable incluso por la noche, cuando menos tráfico hay».

Las promesas de los responsables políticos se convierten en papel mojado según van pasando los años, aunque reconocen que tienen un aliado fuerte en su alcalde, Iván Fernández. «Ha sido el único que nos ha escuchado. Se ha puesto de nuestra parte y lo está dando todo para conseguir unas pantallas que mitiguen el ruido. La pena es que nadie le esté haciendo caso. Ha ido hasta por la vía judicial, pero la justicia es lenta», lamentan.

Y, entre tanto, en la pequeña localidad de Llueves, en Cangas de Onís, es el saneamiento (o más bien la falta del mismo) lo que trae de cabeza a los vecinos. Cansados de esperar, reclaman a las administraciones que obliguen a finalizar las obras adjudicadas a finales de 2017 y hoy paralizadas. «La compañía es solvente y, si no cumple con el contrato, la tendrán que sancionar», indican. Mucho se temen que, con la llegada del calor, los malos olores empeoren e indican que alguno de los vecinos ha tenido incluso que instalar un baño químico.

Mucho más drásticos han sido en el pueblo de Buso. «Aquí estamos castigados», lamenta el alcalde pedáneo, Francisco Pérez, que reclama el acondicionamiento del acceso al pueblo y las mejoras en el sistema de desagües. Más de cuatro años llevan instando al Ayuntamiento de Ibias a tomar medidas contra este «abandono», también visible en el cableado del teléfono que resiste atado a postes por los lugareños, que también han tenido que parchear los baches. «Ahora mantenemos un contencioso por dejadez», sostiene José Manuel Álvarez, que señala que no hace mucho estuvieron todo un mes sin alumbrado público. Entre los vecinos impera el sentimiento de estar dejados de la mano de Dios por parte de las administraciones.

A la puerta de casa, José María Pérez señala hacia la rotura de la tubería que les castiga, sobre todo, en el periodo estival. «Es cuando hay más gente en el pueblo y se notan más los olores. Llegué a ver ratas grandes». A todo eso se suma la estrechez de los caminos. «No nos llega la ambulancia y tampoco el butano. Ni siquiera un camión de bomberos podría llegar a las bocas de riego», resume Horacio Suárez. «La mayoría de los vecinos somos mayores. Si nos ponemos malos, van a tener que sacarnos en carretillo», advierte Manuel Sal a sus 81 años.

Y si la Asociación de Vecinos Río Espasa de Perlora reivindica desde hace más de una década la recuperación de la Ciudad de Vacaciones y lamenta «las pérdidas económicas que supuso para la parroquia y el concejo el cese de la actividad turística», en Quintes y Quintueles (Villaviciosa) llevan años en pie de guerra contra el jabalí y reclaman a la Consejería de Desarrollo Rural que permita la caza controlada.

En el barrio felguerino de Pénjamo, el vecindario también dicho basta tras el «gran mazazo» que recibieron en 2010, cuando el Principado cerró su complejo deportivo. La Asociación Sociocultural El Güesperón tiene claro que la unión hace la fuerza: «Hemos salido del estado zombi y lucharemos por nuestras piscinas».

UNA INFORMACIÓN DE JOSÉ CEZÓN, PABLO SUÁREZ, CECILIA PÉREZ, SHEYLA GONZÁLEZ, LUCÍA RAMOS, BELÉN G. HIDALGO, MARTA VARELA, PEPE G.-PUMARINO Y ALICIA G.-OVIES-