Asturias, entre las cinco comunidades con más oferta geriátrica

En la otra cara de la moneda, la del déficit, el listado lo encabeza Andalucía, comunidad en la que se necesitan 31.475 plazas para cumplir con la ratio de la OMS. Tras ella aparecen Valencia (23.485), Galicia (14.072), Cataluña (10.701) y Canarias, donde faltan 8.709.

Así lo indica el último informe realizado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. La entidad estatal creadora del Observatorio de la Dependencia, realiza chequeos periódicos a la oferta de los servicios sociales del país. En este último, Asturias se encuentra a la cabeza del país, junto a cuatro comunidades más, en cuanto a oferta geriátrica, un modelo que, precisamente ahora, se encuentra en proceso de transformación. La hoja de ruta marcada por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, que ha sido clonada por el Gobierno central, fija un futuro de cuidados de larga duración basado en centros pequeños, unidades de convivencia de menos de 15 personas y habitaciones individuales, frente al modelo actual de grandes residencias o pequeñas, pero con la mayoría de servicios comunes.

Según las cifras del informe, cerrado con cifras totales de 2020, en Asturias hay 15.130 plazas geriátricas. Casi un 15% más que diez años antes, cuando la región apenas superaba las 13.000. Del total actual, el 56,4% son de financiación pública (8.579), frente al 43,6% de financiación privada (6.643).

Un porcentaje el del peso público que ha ido en aumento en la última década. El informe realizado por la entidad que preside José Manuel Ramírez, indica que en 2010 solo 1,79 plazas asturianas por cada cien mayores de 65 años tenían financiación pública. Ahora son 3,14 de cada cien. De hecho, la oferta privada ha recorrido el camino inverso. Hace diez años, 3,67 plazas geriátricas por cada 100 asturianos de más de 65 años era privada. Ahora son 2,43.

De hecho, en el país solo una comunidad, la de Castilla y León, logra que toda la ratio marcada por la OMS sea de titularidad pública. Así, la vecina comunidad supera en 17.503 plazas el mínimo oficial «y tres de cada cuatro plazas son de financiación pública».

La financiación pública llega ya al 62,7% de las plazas geriátricas en España, aunque, advierte José Manuel Ramírez, «ha ido aumentado ligeramente, pero se ha estancado en los tres últimos años, en 2,63 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años«.

Enumera que las comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son «Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón». En el otro lado de la balanza aparecen Canarias y Valencia, «que no alcanzan un 1,5%». Y resalta: «Madrid es la única comunidad donde las plazas exclusivamente privadas tienen una cobertura mayor (2,53%) que las de financiación pública (1,83%)».

Así lo asegura Ramírez. En su opinión, el informe «pone de manifiesto que las residencias siguen siendo una gran necesidad en nuestro país, por el incremento de población de avanzada edad y en situaciones de dependencia y necesidad de cuidados de larga duración. Por ello, a pesar del incremento de plazas residenciales, su déficit sigue aumentando»

El resultado del informe refleja «un mayor déficit de plazas residenciales año a año: si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5%, en el último año este déficit alcanza las 76.350» en todo el país. Según sus datos, «atendiendo a la demanda que existe actualmente sin atender, serían necesarias no menos de 35.000 plazas residenciales para las personas con dependencia severa (grado II) o grandes dependientes (grado III)». Y explica Ramírez el motivo: «Según los últimos datos oficiales, las estadísticas de noviembre del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) hay en lista de espera de ser atendidas 80.862 personas con grado II y III».

A esa cifra suman «más 60.000 pendientes de valorar, que previsiblemente obtendrán uno de esos grados, lo que eleva el número hasta las 140.862 personas,». Entienden los integrantes de la asociación que, «aplicando también los porcentajes actuales de personas atendidas, una de cada cuatro demandaría un servicio residencial en plaza pública, concertada o en prestación económica vinculada a ese servicio».

Además de señalar los déficit, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales reclaman cambios. «Hace tiempo que venimos advirtiendo de que la ratio que se utiliza para estimar la necesidad de plazas residenciales, tomando como referencia la población mayor de 65 años (5%) resulta a todas luces inadecuada en la sociedad actual». Su argumentación para pedir una nueva ratio es que «la media de edad de las personas mayores en residencia se sitúa en torno a los 85 años, en una tendencia a que cada vez sean personas más mayores, en parte por la prolongación de la vida y de la edad en la que aparecen las situaciones de dependencia y, en parte también, porque las personas desean, cada vez más, permanecer en su propia casa el mayor tiempo posible».

Eso ha llevado a la entidad a «solicitar al Imserso que proponga al Consejo Territorial un acuerdo para fijar una ratio más adecuada a la sociedad actual y a la situación y demandas de las personas mayores, contando para ello con el asesoramiento de las organizaciones científicas y las entidades del sector«.