Los pisos turísticos de Asturias que ya están en el registro no tendrán que pedir permiso a sus vecinos

La principal controversia del anteproyecto inicial estaba en exigir que para tener un piso turístico el propietario debía recabar un acuerdo de «la mayoría» de propietarios del edificio. Los letrados de la Cámara y los juristas convocados para analizar la propuesta consideraron que invadía competencias estatales reguladas por la Ley de Propiedad Horizontal. La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, invitó a las partes a plantear mejoras en la fase de enmiendas y eso es lo que ha ocurrido.

Una enmienda transaccional de los socialistas e IU-Convocatoria establece finalmente que quien quiera dedicar al turismo un piso deberá presentar una declaración responsable de que lo tiene todo en regla. En la misma deberá reflejar que «dispone de certificación de la Junta de la Comunidad de Propietarios que acredite la posibilidad de comercialización turística de viviendas, de conformidad con los requisitos que establece al respecto la legislación de propiedad horizontal para los estatutos y acuerdos de la comunidad».

Es decir, se huye de determinar el porcentaje de voto, dejando la cuestión a la Ley estatal de Propiedad Horizontal, y los vecinos más que autorizar lo que hacen es consentir. Cabe recordar que después de que el Principado abriera este proceso legislativo el Gobierno central hizo lo propio, tramitando una enmienda a la Ley de Propiedad Horizontal que aspira a blindar que sean los vecinos de todo el país quienes tengan la última palabra. Esa propuesta requiere la «autorización expresa de la comunidad» por una mayoría de tres quintos.

En lo que coinciden la ponencia acordada en la Junta y el texto que tramita el Congreso es en marcar un antes y un después. «A los titulares de viviendas de uso turístico ya inscritas» en el registro no se les exigirá que recaben ese beneplácito de los vecinos, señala la ponencia.

Una enmienda transaccional negociada por los socialistas, IU y Foro aprovecha para ampliar hasta los 18 meses el plazo que tienen los ya inscritos en el registro de empresas y actividades turísticas para adaptarse al resto de nuevas condiciones. Entre esos cambios está poner contadores individualizados de agua y gas.

Otra enmienda acordada con el PP permitirá desalojar al cliente que «incumpla las reglas de buena convivencia e higiene». Con todo los populares no están conformes. Su diputada Sandra Camino sostiene que el texto «impone y recoge tintes ideológicos que distan mucho de la rigurosidad, capacidad técnica y compromiso de legislar para todos los ciudadanos. Pretenden hacer creer a los asturianos que esta ley acabará con el problema de los conflictos entre turistas y vecinos y será la solución al problema de la vivienda, pero no es así».