El Día de Asturias, un parto difícil

La historia del Día de Asturias comenzó con no poca dificultad y una polémica que aún colea: la fecha en que debía celebrarse. Allá por 1979 fue de UCD de quien partió la propuesta del ocho de septiembre, hasta entonces únicamente Día de Covadonga, por su «significado histórico colectivo»: se creía que aquel había sido el día de la batalla de Covadonga, inicio «de una voluntad política colectiva, que cuajó de inmediato en la fundación del Reino de Asturias en la cercana Cangas de Onís». Así rezaba la nota elevada al Consejo Regional y rápidamente apoyada por el PCA, quien volvió a presentar la controvertida propuesta en julio de 1980. Hubo polémica desde el inicio: ni Coalición Democrática, dentro de la que se integraba Alianza Popular, ni el PSOE acababan de ver clara la vinculación de la fiesta religiosa con la política.

No salió a la primera votación. Se necesitaba el voto positivo de dos terceras partes de la corporación (28 en total); no se pasó de los 18 consejeros favorables. Andando el tiempo, sin embargo, la fecha triunfaría sobre la otra propuesta, procedente de las filas de Conceyu Bable, de hacer del 25 de mayo la fiesta autonómica. Aquel era el día en que se declarara soberana la Junta General de Asturias de 1808, pero no triunfó. Un inesperado giro de los acontecimientos, promovido por las buenas relaciones entre el presidente del Consejo Regional, Rafael Fernández, y Gabino Díaz Merchán, arzobispo de Oviedo, decretaría que extraoficialmente, y a partir de 1980, el Día de Asturias se celebrase en ocho de septiembre y, por supuesto, arrancase donde todo había empezado: en Cangas de Onís.

Cuando llegó el día, EL COMERCIO contó que la «perfecta entente entre las autoridades religiosas y las civiles, juntamente con el 'orbayu' y la desapacibilidad del tiempo, constituyeron las notas características de este por primera vez doblemente festivo ocho de septiembre, que se celebró en Covadonga y Cangas de Onís, respectivamente». Primero el acto religioso, en Covadonga, en el que el arzobispo pidió «la desaparición de los terrorismos, una mayor solidaridad interregional, la erradicación del paro, el aumento de las pensiones para las personas de la tercera edad y el mantenimiento de la capacidad adquisitiva para los salarios más bajos». Rafael Fernández estuvo presente en la homilía, pero no así Merchán en el acto político, atrasado hasta la una y media en Cangas de Onís. Fernández nombró a Jovellanos y pidió «responsabilidad para no convertir el proceso autonómico en traumático por enfrentamientos, disensiones internas y posicionamientos poco responsables frente al poder del Estado».

Con todo, en aquella primera ocasión, el acto central del Día de Asturias también tuvo su parte contenciosa, al aparecer una pancarta pidiendo la libertad de los «presos políticos» (probablemente en referencia a los atracadores del Banco Herrero de Oviedo, miembros de ETA o con conexión con la banda armada) en el campo de fútbol de Cangas de Onís e irrumpir los silbidos entre las cuatro mil personas que atestaron el discurso de Rafael Fernández. Las protestas volvieron a repetirse al año siguiente, cuando el escenario fue Gijón. El detonante sería la parte del párrafo del discurso de Fernández en el que este hablaba de «la base de la nación española, obra y patria mayor de todos nosotros». «La bronca fue monumental», contó, por aquel entonces, EL COMERCIO. «Hubo una gran pita, gritos de '¡fuera!, ¡fuera!, ¡fuera!' y un ensordecedor cántico del 'Asturias, patria querida'». «Queremos un gobierno de asturianos y no de mexicanos», rezaría una pancarta en la plaza del Carbayo avilesina, al año siguiente. Fue el mismo acto (el de 1982) en el que se habló, de la mano de Josefina Martínez, en asturiano por primera vez. Y tampoco Pedro de Silva se libró de la polémica: en 1984, cuando los actos se celebraron en Parres, «un grupo de representantes de partidos y sindicatos de la extrema izquierda», a los que De Silva calificó como de «fascismo venial», «trató de boicotear con gritos y silbidos» su discurso.

Unos inicios difíciles los del Día de Asturias, qué duda cabe, a los que se sumarían otros problemas no menores: las acusaciones hacia «un excesivo localismo en Gijón», que empañaron la celebración de 1981, y, coleando desde su propio nacimiento, el cariz que había de darse a los actos: si más festivos o más políticos. Aún en 1997 se enfrentaban todo tipo de posturas en EL COMERCIO: desde aquellas que apreciaban un exceso de festividad en la jornada del ocho de septiembre (eran las de Xesús Cañedo, del PAS, y Francisco Javier Valledor, de IU) hasta la preocupación de Celestino Suárez, del PSOE, por el cariz más religioso que, a su juicio, había imprimido al acto la llegada al Gobierno del Principado de Sergio Marqués, del PP. Por el partido conservador, Isidro Fernández Rozada tachaba todas las anteriores opiniones de «partidistas».

No importaba. El Día de Asturias, el del ocho de septiembre, había venido para quedarse. Acabó por oficializarse por decreto tras la aprobación del Estatuto de Autonomía, y por la ley 5/1984, del 28 de junio, se convirtió en fiesta regional. Itinerante, tal y como había sido la intención inicial, entre todos los concejos asturianos, y acompañada pronto por la concesión de las medallas de Asturias, a partir de 1986, y los títulos de hijos predilectos y adoptivos (desde 1987). Desde entonces y hasta ahora, solo un año no se celebró. Ya saben cuál y por qué. El que nos toca, tampoco. Ni disenso, ni pancartas, ni pitos: solo el coronavirus ha podido con la fiesta autonómica.

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