La FSA e IU-Convocatoria comparten Gobierno y diferencias que vienen haciendo públicas, algo demasiado tentador como para que el PP no metiera el dedo. Este miércoles su líder, Álvaro Queipo, preguntará en el pleno al presidente del Principado, Adrián Barbón, que «a qué ... socio de la coalición debemos creer ante la subida de impuestos que han pactado». Lo hace después de que la formación que lidera Ovidio Zapico asegurara que había acuerdo para cargar con más tributos a las rentas altas y el propio jefe del Ejecutivo negara la mayor.
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La estrategia empezó ayer mismo. El diputado popular Manuel Cifuentes, preguntaba a Zapico por el cambio legal que está tramitando para activar un veto de dos años que impida seguir tramitando los parques de baterías fuera de polígonos industriales. «¿Qué tal lleva la semana consejero, muchos problemas con su socio?», principió.
El parlamentario recordó que el promotor de un parque de baterías ya ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) un anterior intento de la consejería de Zapico por desalentar estos proyectos. «¿Por qué están desde su consejería alentando a las asociaciones vecinales a personarse en ese proceso? Los servicios jurídicos del Principado, no dependen de usted, ¿qué criterios van a defender? ¿Ya se lavan las manos?», planteó.
Cifuentes indicó que la justificación bajo la cual el Consejo de Gobierno se dispone a activar ese veto es que es un asunto de «interés general». «Sospechamos que no todos tienen el mismo criterio sobre lo que es el interés general. ¿Tiene usted el mismo criterio que la futura consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, que dijo que los parques de baterías «tienen un carácter estratégico para el Principado? ¿O que el viceconsejero Isaac Pola, que ha dicho que no protegerá a los vecinos de los suelos colindantes de los polígonos?», retó.
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Zapico suspiró ante la provocación. En la víspera la dirección de su partido, por unanimidad, había aprobado una resolución que justamente aspira a marcarle el paso a Belarmina Díaz, anticipándole que no entrarán en una «discusión diaria» con Transición Ecológica, asegurando «la prioridad del Gobierno es la protección de los principios de desarrollo sostenible», y que la política ambiental no debe quedar «sometida a la industrial».
Así que, a sabiendas del trapo rojo que le ponía el PP, el líder de IU y consejero de Transición Ecológica, entró, a su manera: «Me pregunta si tengo miedo de que los cambios en el Consejo de Gobierno puedan cambiar estos criterios y, sabe lo que pasa, que yo con quien tengo un acuerdo y una coincidencia plena en lo que es el interés general, porque así lo establecimos al marcar una ordenación para los parques de baterías, es con el propio señor presidente».
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Una vez invocado al presidente como argumento de autoridad, el consejero concedió que el despliegue de los parques de baterías «será necesario para el desarrollo de la transición energética, pero tiene que ajustarse a unos requisitos que no se pueden soliviantar y no hacer como se estaba haciendo, que era violentando los derechos de los ciudadanos». Continuará.
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