Parque de baterías recicladas de vehículos eléctricos que Eiffage instala en una planta fotovoltaica de Extremadura. Eiffage Energía Sistemas
Promotores de parques de baterías

«En vez de atraer empresas el Principado les va a pagar para que no se instalen»

Los promotores de parques de baterías tratan de impedir que el Consejo de Gobierno active un veto de dos años a sus contenedores fuera de los polígonos

Ramón Muñiz

Gijón

Martes, 4 de febrero 2025, 06:25

Para almacenar la energía renovable y disponer de ella en todo momento el sistema eléctrico se está dotando de parques de baterías. Son contenedores conectados a la red que transforman la electricidad en energía química cuando se cargan y revierten el proceso cuando han ... de devolver electricidad. Las 170 peticiones para instalar estos artilugios por Asturias tienen detrás ingeniería, planes de descarbonización y expectativas de rentabilidad a largo plazo; por delante lo que están encontrando es contestación vecinal y una consejería dispuesta a poner coto a este despliegue.

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Para ello Ordenación del Territorio, el departamento que controla IU, se prepara para activar un veto cautelar de dos años a todos los proyectos que buscan instalar parques de baterías fuera de polígonos, canteras y suelos no degradados. La consejería que lidera Ovidio Zapico tiene en información pública una modificación del Reglamento de Ordentación del Territorio y Urbanismo (ROTU) que, por primera vez, dará al Consejo de Gobierno la capacidad de activar una prohibición de semejantes condiciones. Justifica que las peticiones cursadas «en muchas ocasiones no han atendido a un mínimo criterio urbanístico, ni de ordenación territorial, ni tan siquiera social» y que ahora conviene una moratoria por los «daños irreparables que estas instalaciones pudieran producir sobre el medio rural, usos de suelo y sus costumbres».

La idea es completar la tramitación y que entre en vigor en las próximas semanas, con una duración máxima de dos años, tiempo que se aprovechará para sacar adelante unas directrices que fijen ya negro sobre blanco dónde y de qué manera se pueden poner este tipo de instalaciones.

En el sector admiten que varios proyectos se están replanteando ahora en polígonos dadas las trabas de la consejería de IU

Objetivo, frenar 50 plantas

Cabe matizar que al Principado llegaron unas 170 peticiones para poner estos contenedores. De ellas unas 50 acabaron desistidas por los propios promotores. De las 130 que siguen en pie, hay alrededor de 50 que, a ojos de Ordenación del Territorio, están queriendo instalarse en suelos no urbanizables, sobre todo en zona rural, y es a éstas a las que quiere echarles ese freno cautelar, que las futuras directrices convertirían en definitivo.

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Los obstáculos en el camino tienen soliviantada a la Unión Española Fotovoltaica (Unef), de la que es vicepresidente el avilesino Javier Font. La patronal alegará contra el borrador que modifica el ROTU porque teme que «la consejería se prepare para prohibir los parques de forma aleatoria, basada en mentiras y sin fundamento técnico».

Matiza Font que desde el colectivo «no tenemos ningún empecinamiento en instalarnos en la zona rural, y nos parecen muy bien los polígonos industriales, pero no siempre en estos espacios hay puntos de conexión necesarios para evacuar la energía». De ahí que entiendan que «no siempre sean la mejor solución».

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Lo que más combatirá esta patronal es «la argumentación que usan. Hablan de 170 proyectos sin explicar si son muchos o pocos. Hasta julio eran 1.100 los megawatios solicitados, lo que supondrían 968 contenedores. Uno tras otro ocupan 1,5 hectáreas, separados pueden hacer 15; pues seguimos hablando del 0,0014% de la superficie asturiana». «Es falso que puedan crear daños irreparables al territorio, se trata de instalaciones monitorizadas en las que nadie puede acceder, ni se pueden romper ni haber contaminación al terreno», aseguró. «Entendemos la preocupación de la ciudadanía ante una tecnología que es nueva, pero la administración en vez de explicarla lo que hace es atacarla sin criterio», abunda.

Una indemnización discutida

Una de las novedades de la modificación del ROTU planteada es que reconoce la posibilidad de que el Principado deba indemnizar a los promotores. Lo hace concediendo dicho derecho a quien hoy está ya tramitando un proyecto que solo dejará de tener encaje legal con las futuras directivas. «En vez de atraer empresas el Principado les va a pagar con el dinero de todos para que no se instalen», valora el vicepresidente de la Unef. En este punto también alegarán. El texto reconoce el derecho a pasar a la Consejería de Ordenación los gastos de la redacción del proyecto y recuperar las tasas municipales. «Hay proyectos que para avanzar ya han depositado un aval ante Red Eléctrica España para tener el derecho de acceso y conexión; ¿qué pasa con ese dinero?», plantea.

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En el sector admiten que la política de la consejería de IU está logrando que parte de los promotores desistan de su objetivo de instalarse en zona rural y se preparen para buscar polígono. También se asume que no todas las peticiones cuya tramitación se ha iniciado están llamadas a materializarse. Con todo, el poder de veto del que se dotará el Principado también levanta otros recelos. En la propia Unef leen y releen el borrador y temen que la redacción permita impedir también los contenedores en los llamados «proyectos híbridos» en parques eólicos o fábricas,

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