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El Ministerio de Sanidad abrió el pasado lunes la puerta por primera vez en la historia a desmantelar Muface en septiembre de 2025, ... lo que obligaría a los 1,5 millones de funcionarios y sus familias cubiertos por el sistema –en el que pueden elegir entre pública y privada– a acudir a la sanidad pública. En el caso de Asturias, esto supondría la inclusión en el sistema público de salud de 20.644 funcionarios y las personas de sus familias dependientes de ellos a estos efectos, lo que ha suscitado la alarma entre los profesionales de la sanidad pública asturiana, ya muy estresada por el incremento de presión asistencial que supuso la pandemia y por la falta de reemplazos disponibles para los médicos y enfermeros que se van jubilando.
Los sindicatos sanitarios en Asturias dejaron claro ayer que el panorama les inquieta. Más a unos que a otros, pero en todo caso, advirtiendo de que un desembarco de los beneficiarios de Muface en el sistema público conllevará problemas. El más moderado fue José Antonio Vidal, secretario general del Sindicato Médico del Principado (Simpa), que afirmó que «la desaparición del modelo Muface traerá consecuencias importantes para la sanidad, aunque diferentes según autonomías. En Madrid está muy implantado, mientras que en Asturias no hay mucha prevalencia, porque la sanidad pública aquí es potente».
Precisó Vidal que «el modelo presta una asistencia privada financiada con fondos públicos y tiene el gran inconveniente de que tiene absoluta independencia de una atención primaria de calidad. Eso es ya un problema de fondo del propio modelo, porque aparentemente es una atención personalizada, pero solo hospitalaria».
Y sobre el modelo de negocio que supone la mutualidad, con beneficiarios en edad de trabajar, implica que «se lleva una parte muy buena del pastel», pero que» con el envejecimiento de las plantillas y las mayores morbilidades ha hecho que el modelo sea ineficaz y ya no tenga tantos beneficios».
Eso sí, Vidal fue moderado en cuanto a la asunción por la sanidad pública asturiana de los funcionarios, porque «serían como un 2% más, lo que no parece que sea una cantidad que el sistema público no pueda asumir».
Más crítica fue Graciela Martínez, responsable de Sanidad de Sicepa-Usipa, para quien la idea es simplemente «inasumible. El sistema público de salud no puede con un millón y medio más de personas, porque ya tiene suficientes problemas de gestión y para llegar de una manera medio buena a final de mes como para, además, asumir a todos los funcionarios». Es más, reiteró que sería «insostenible. No solo va a afectar al personal funcionario, sino a toda la ciudadanía que tiene el sistema público de salud como el suyo. Se dispararían los seguros privados y echaríamos abajo el sistema público».
Igualmente crítico fue Felipe Piedra, en representación de CSIF, para quien «el sistema sanitario público no está capacitado para asumir 40.000 afiliados a Muface. Serían infinidad de consultas. Sería inasumible. A nivel nacional nos planteamos medidas serias», advirtió.
E hizo números. En la pública, «un millón de asturianos para una consejería que tiene 2.000 millones de presupuesto. Millón y medio de mutualistas tienen 1.500 millones de presupuesto, es decir, salen infinitamente más baratos el sistema Muface que el público. Si se trasvasa todo eso al sistema público, esta quiebra, porque sería un incremento que tendría que asumir la comunidad autónoma», por lo que afirmó que la idea del ministerio es «un 'yo invito y tú pagas' de libro», dado que «el incremento de esos 40.000 afiliados de Muface no llevaría la parte proporcional de incremento retributivo que tendría que tener el Sespa. ¿De dónde sacaría el Principado ese dinero? No se sabe».
En cambio, la Consejería de Salud instó ayer a la tranquilidad. Pese a lo explicado el lunes por fuentes ministeriales, desde el departamento asturiano se subrayó ayer que «el contrato de la mutualidad con las aseguradoras vence a 31 de diciembre y tenemos la certeza de que el Ministerio de Función Pública está negociando un nuevo contrato a la vez que valora una prórroga forzosa del mismo. Esto implica que la intención del Gobierno es tratar de mantener la mutualidad. Conocemos también que Función Pública ha mandado un mensaje de tranquilidad a los mutualistas en el sentido de garantizar las prestaciones sanitarias a todo el colectivo».
Por otro lado, desde la consejería se «entiende que el Ministerio de Sanidad esté analizando otras posibilidades de futuro en el caso de que el Servicio Público de Salud tenga que asumir a todos los mutualistas». Empero, en dicho caso, siempre según la consejería, el impacto sobre la Sanidad asturiana no sería tan intenso como se afirma, toda vez que afirmó que «la Consejería de Sanidad ya presta servicio en Asturias a una parte de los mutualistas de Muface. De hecho, más del 40% de los mutualistas ya están incluidos en nuestro sistema sanitario. De los restantes, alrededor del 17% ya tienen con el Principado la prestación sanitaria de Atención Primaria y Urgencias de acuerdo con el convenio que la Consejería de Salud mantiene con esta mutualidad para ofrecer estos servicios a los mutualistas que viven en concejos alejados del área central».
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