Barbón negociará con Sánchez la financiación para Asturias, pero el acuerdo debe ser «multilateral»

Y como cabía de esperar, en la edición de este año el protagonista de la reunión lo fue la financiación autonómica, que es el eje del debate político de los últimos meses, cuando el PSOE y ERC pactaron conceder a Cataluña un modelo propio para esa comunidad, similar al cupo vasco. Y aunque con matices, en este asunto, Asturias y Galicia hacen piña. Ni a Barbón ni a Rueda les gusta que el Estado ceda la recaudación del 100% de los impuestos a Cataluña, porque eso supone una fractura en el actual modelo. «Si hay tres comunidades que aportan al sistema y una se va, la quiebra es evidente», dijo el presidente de la Xunta. «Nadie puede perder financiación», añadió el del Principado.

Partiendo de estas bases, tanto Barbón como Rueda reconocieron la necesidad de abrir el melón de la financiación, «porque todas las comunidades estamos infrafinanciadas». Sobre todo porque algunas de las variables del actual sistema de reparto, como son las del envejecimiento y dispersión, no es suficiente para financiar el coste real de los servicios. «Nosotros, por ejemplo, por estos factotes –dijo Rueda– se nos asignan 500 millones de euros, pero el coste de servicios nos supone más de 1.100 millones».

Pero, ¿qué modelo defienden Asturias y Galicia? Aquí, de nuevo, la coincidencia es total. Ambos presidentes defenderán durante la negociación del nuevo sistema –el Gobierno ya ha dicho que atenderá a las singularidades de cada cada comunidad– un mecanismo que atienda al coste real de los servicios. Para ello, se plantea que tenga un mayor peso a la hora de fijar el reparto el envejecimiento de la población o la dispersión geográfica. Porque, como recordaron, no es lo mismo prestar un servicio en una comunidad como puede ser la de Madrid, que en Asturias o Galicia, donde hay mayor dispersión de los núcleos poblacionales. «Esta es nuestra singularidad y es la que debe tenerse en cuenta», recalcaron ambos presidentes.

Para Barbón, la postura del Principado es clara. Y es la que está recogida en la Declaración de Santiago suscrita por ocho comunidades en 2021 –Asturias, Galicia, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha– y la aprobada en 2020 por el Parlamento asturiano, que apuesta por un modelo basado, precisamente, en el coste real de la prestación de los servicios. Un sistema que choca con el que otras comunidades defienden, como Andalucía, Murcia o la valenciana, que plantean un sistema en el que la población sea el que marque el reparto. Es decir, quien más habitantes tenga más recibirá. «El debate y la discusión no será entre partidos, sino entre territorios», recalcó el presidente del Principado, dejando clara cómo las posiciones de una u otra comunidad estarán fijadas por las necesidades financieras de su autonomía, no las de sus partidos

Respecto a las reuniones bilaterales que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá con los presidentes autonómicos, los de Asturias y Galicia también coinciden. Tanto Barbón como Rueda confirmaron que acudirán a la Moncloa cuando sean llamados para trasladarle sus posiciones respecto a qué modelo defienden. «Si esto se trocea y se reparte uno a uno, el sistema es insostenible», dijo Rueda. «Tengo muy claro que defiendo una negociación multilateral. Iré a ver al presidente, escucharé su propuesta, le diré nuestra posición y defenderé la posición de Asturias», dijo, rotundo, Barbón. ¿Quiere decir esto que no cabe lugar a la negociación bilateral? No. En esta fase del proceso todas las comunidades tratarán de que sean atendidas sus demandas. Otra cosa distinta es cuando se someta a negociación el modelo de financiación, que en este caso, el presidente del Principado sí tiene claro que debe ser una negociación «multilateral» en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde estén todas las comunidades que forman parte del regimen general del sistema de financiación autonómica.

Respecto al cupo catalán, el presidente de la Xunta sí fue muy rotundo a la hora de rechazarlo, «porque es perjudicial para todos». Menos nítido fue Barbón, aunque sí tuvo claro que el «modelo que se presente debe ser para el conjunto del Estado». Concluyeron ambos presidentes afirmando que lo único claro es que el Estado «tiene que poner más dinero» para hacer sostenible el sistema. «Y cargar de impuestos a los ciudadanos no es la solución», puntualizó Alfonso Rueda.