Asturias frena el salario social con 1.747 casos pendientes y la menor cifra de altas desde 2012

Así lo dicen sus propias estadísticas. Las que hablan de 4.909 nuevas peticiones de ayuda presentadas a lo largo del año pasado. De ellas, solo 3.722 se incorporaron a una nómina que ya cobran 22.501 asturianos y de la que, de acuerdo a los cálculos de los técnicos que la gestionan, viven casi 50.000. Los estudios demuestran que de cada asalariado depende una media de 2,2 personas, con una fotofija que muestra a una mujer con hijos a su cargo. Un perfil que, según refleja el estudio realizado por la Universidad de Oviedo, es de «difícil empleabilidad».

Hay que remontarse hasta 2012 para encontrar una cifra más baja de altas. Aquel año, en el inicio de la crisis económica, 1.442 nuevos beneficiarios elevaron a 8.365 la cifra total de asalariados. Fue en 2015 cuando se registró el récord de nuevos perceptores. En el primer ejercicio de Pilar Varela como consejera de Servicios y Derechos Sociales se puso fin a tres años de colapso, en el que se llegaron a registrar 6.123 peticiones sin atender, para cerrar con 18.603 asalariados y un desembolso récord de 101 millones.

Sin embargo, dos años después la situación parece haber vuelto a la casilla de salida. El número de altas no ha descendido porque también lo hayan hecho las solicitudes. Durante el año pasado, 4.909 personas argumentaron necesitar la prestación, una cifra similar a la de años anteriores. De ellos, 1.747 seguían el mes pasado esperando una respuesta. Muchos, desde septiembre de 2017. Y más de 6.000 tienen su expediente en revisión, lo que no es sinónimo de no estar cobrando, pero sí lo es de no estar percibiendo la cuantía que legalmente les corresponde.

«Está claro que no tienen personal, por mucho que la consejera diga que están mejorando en ese aspecto». Así lo asegura la diputada de Ciudadanos Diana Sánchez. La portavoz en materia de Servicios y Derechos Sociales volvió a llevar al Pleno de la Junta el debate sobre los fallos de esta prestación. «Nosotros sabemos que los ayuntamientos están cumpliendo. Las solicitudes del salario social se presentan en los servicios sociales municipales y, desde allí, sabemos que en un mes se traslada el expediente a la consejería y allí comienzan los problemas».

Problemas que se traducen en que el plazo legal de tres meses no se cumpla, «porque falta personal para hacer frente a la tramitación. No solo son las nuevas peticiones, sino también las revisiones», señala Sánchez. Una situación que la propia Pilar Varela reconoció en diciembre, durante la presentación de su propuesta presupuestaria para este año.«Necesitamos más personal», aseguraba en aquel momento, en el que cifraba en 6.087 los expedientes de salario social pendientes de revisión.

Por ello, anunció la creación de doce nuevos puestos de trabajo para la gestión del salario social básico con el objetivo, decía la consejera socialista, «de cumplir el plazo legal de respuesta: tres meses».

Sin embargo, «no será así», cree Diana Sánchez. «Porque estamos en prórroga presupuestaria y eso lastra al salario social». Explica la portavoz de Ciudadanos que «aunque el salario social está garantizado por ley, con créditos ampliables, los recursos para su gestión y su mejora dependen del presupuesto».

Además, señala ella que «está claro que tanto con los casos pendientes como con las revisiones que no se han hecho, el presupuesto superará los 120 millones que la consejera calculaba para este año». Por ese motivo, prepara una iniciativa parlamentaria «con el objetivo de mejorar la aplicación de esta ley. Tal y como está ahora, se perjudica a las personas que están en situación más vulnerable».