Descubierto en Asturias un fraude a la Seguridad Social superior a los tres millones

Los responsables de las empresas investigadas, ubicadas en Oviedo, Gijón y Piloña, no abonaban sus propios seguros sociales ni de sus trabajadores, incrementando así el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los agentes han constatado la presunta responsabilidad de 14 personas -seis detenidos, cinco investigados no detenidos y tres investigados no localizados- por fraude de cotizaciones y frustración de la ejecución. Además, la Policía ha tomado declaración a otras 41 personas.

La investigación comenzó tras recibir varias denuncias de la Tesorería General de la Seguridad Social, en los que se requería la actuación policial ante presuntas actuaciones irregulares llevadas a cabo por los administradores de distintas empresas con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social.

En el análisis patrimonial de las compañías y sus administradores, los agentes comprobaron que, en todos los casos, se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, creando sucesiones empresariales opacas y empresas pantalla que ocultaban los beneficios y los bienes de las sociedades investigadas.

Una de las investigaciones se desarrolló alrededor de un entramado empresarial desplegado por todo el territorio nacional con personas interpuestas que, presuntamente, generaba «elevadísimas deudas» con la Seguridad Social siendo dirigido y administrado por un matrimonio.

Gran parte de estas compañías desarrollaban su actividad en el sector hostelero mediante la gestión de alojamientos turísticos y, tras establecerse una sucesión empresarial entre las mercantiles deudoras, figuraba como representante de ellas una tercera persona, aparentemente sin vinculación con el matrimonio, pero con una actividad desenfrenada ante notarios.

Se comprobó que, a finales del año 2017, el matrimonio recurrió a una que se presentaba en Internet como testaferro profesional, ofreciendo sus servicios con honorarios acordes al riesgo ,resultando más barato que un concurso de acreedores.

Este testaferro figuraba como administrador de 77 sociedades, sin datos declarados en la Agencia Tributaria y no era titular de ninguna cuenta bancaria ni figuraba de alta en la Seguridad Social, siendo situado por el matrimonio investigado como representante de sus sociedades deudoras para comprar empresas con deudas, o que van a generarla, e intentar salvar todo el patrimonio/facturación posible sin ir a concurso.

El matrimonio, con el fin de evitar posibles embargos, inscribió su propio domicilio particular a favor de una sociedad administrada por el marido desde el año 1998 pero sin actividad en la Seguridad Social.

Otra de las empresas creadas por estas personas, tenía participación en 19 sociedades distribuidas por todo el territorio nacional, siendo grandes deudoras a la Tesorería General de la Seguridad Social y no realizaron acciones tendentes a regularizar la deuda, provocando competencia desleal con empresas que tienen la misma actividad y sí pagan los seguros sociales de sus trabajadores.

Las distintas maniobras para eludir los pagos obligados hacía inalcanzables las actuaciones ejecutivas de la Tesorería General de la Seguridad Social, llegando a acumular una deuda total de 2.369.524 euros.

Otra investigación desarrollada se llevó a cabo alrededor de sociedades patrimoniales creadas por dos hermanos, sin trabajadores de alta en la Seguridad Social, con el fin de evitar la ejecución de deudas con la Seguridad Social a pesar de obtener importantes ingresos.

Las sociedades desarrollaban su actividad en el sector hostelero, siendo la sociedad principal deudora la que incumplía de forma sistemática el pago de cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social desde el año 2014 y no presentaba cuentas anuales desde el año 2015, y su administradora otra sociedad sin patrimonio a su nombre.

Los inmuebles en propiedad se encontraban a nombre de tres sociedades de carácter patrimonial y familiar.

Uno de los hermanos solo era titular de una moto pequeña con 15 años de antigüedad y sin bienes ni derechos, pero con mucha actividad notarial actuando como apoderado o representante en compraventa de inmuebles, ampliaciones de capital. Los investigadores estimaron que la familia tenía posibilidades económicas para pagar la deuda o al menos pagar los Seguros Sociales ordinarios de cada mes que no se habían pagado desde el año 2014 a la actualidad, ya que poseían bienes suficientes, como mínimo, para solicitar un aplazamiento afianzándolo con hipoteca unilateral a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, a lo que tampoco estaban dispuestos a pesar de vender en el año 2017 un palacio y fincas anexas a una mercantil por 2.500.835 euros.

En el año 2018, la principal empresa deudora declaró el pago a otras empresas dirigidas y gestionas por ambos hermanos, figurando una de ellas de baja en la Seguridad Social desde el año 2011 y sin presentación de cuentas en el Registro Mercantil desde el año 2015.

Además, se comprobó que la vida laboral de la hermana había transcurrido siempre en la ciudad de Madrid, desplazándose a Asturias solo en vacaciones y épocas señaladas.

Las distintas maniobras para eludir los pagos obligados, originó un perjuicio económico a la Tesorería General de la Seguridad Social de 261.658 euros.