Asturias exigirá al Estado renovar la red ferroviaria para asumir las competencias

La competencia de ferrocarriles -los servicios de cercanías- son la patata caliente que tendrá el Principado encima de la mesa si se lanza a por ella. Por un lado, quiere gestionar estos servicios, porque los considera básicos para el desarrollo de su proyecto de área metropolitana central, pero asumir la red ferroviaria asturiana tal y como está en estos momentos -especialmente la de la antigua Feve- es como lanzarse de lleno a un agujero negro.

La actual infraestructura ferroviaria de la región está obsoleta, como prueban los continuos cortes en la red que se registran cada año y los continuos retrasos de los servicios, no solo en las cercanías, sino incluso en la ya de por sí lenta comunicación con la Meseta, si bien esta línea seguiría siendo competencia estatal. Necesita ingentes cantidades de dinero para actualizarla y convertirse en una malla de trasnporte pública adaptada a las actuales necesidades.

El Gobierno regional sí está por la labor de disponer de esta competencia, tal y como recoge el punto 5 del artículo 10 del Estatuto de Autonomía en el que se recogen las competencias de la región, pero no en las actuales condiciones. De hecho, la postura del Principado es que solo asumirá la gestión de la red ferroviaria si el Estado acomete previamente las obras necesarias para renovar la actual red de cercanías o acepta acompañar de la financiación necesaria para que el Principado la acometa en el caso de que se cierre un acuerdo de transferencia.

En este punto el Gobierno autonómico no está solo, puesto que sí parece existir un consenso político en esta línea que se puede resumir en la siguiente frase: primero obras, luego transferencia.

Algo similar ocurre con la gestión de los ríos, aunque en este punto sí está por delante de las prioridades que ahora se marca el Principado en el marco de la reforma del Estatuto. El actual texto autónomico ya dota a la región, como recoge el punto 12 que hacer referencia a las competencias, de la capacidad para gestionar los recursos hidráulicos cuando las aguas discurran íntegramente por el ámbito territorial de la comunidad. No obstante, este punto no ha sido desarrollado, por lo que esta competencia sigue en manos del Estado, a través de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC).

El pasado lunes, en la Junta General, el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, ya anunció la disponibilidad del Gobierno regional a abrir una negociación con el Estado para la cesión de estas competencias. De esta forma, sería la comunidad la que regularía los aprovechamientos hidráulicos de sus ríos así como las actuaciones en los cauces para el mantenimiento de los mismos. De esta forma, se agilizarían muchísimo los trámites que se requieren para algunas obras en los ríos que a día de hoy están navegando aún por el inmenso mar de burocrático que es la CHC.

El próximo lunes, Adrián Barbón tiene una reunión con la ministra de Transportes en Oviedo, una buena oportunidad para avanzar posturas en estos aspectos.

Pero, como en el caso de los trenes, asumir la competencia de los ríos no sería a cualquier precio. Solo una salvedad, el Principado no condicionaría que se hicieran previamente las obras necesarias, sino que solo aceptaría la transferencia de la gestión de los ríos si esta viene acompañada de la financiación suficiente para ello. Según los últimos presupuestos de la CHC, la gestión de los ríos de la región suponen una inversión anual de unos 20 millones de euros.

Dentro de las 36 competencias que por su naturaleza como comunidad autónoma está en manos del Principado, según recoge el Estatuto, aunque su desarrollo nunca se ha llevado a cabo, se encuentran la posibilidad de establecer un sistema bursátil y la creación de un órgano autonómico de meteorología. Cabe recordar que estas competencias hay que enmarcarlas en el momento de la redacción del Estatuto de Autonomía, hace 40 años, cuando el contexto y realidad de Asturias y España en nada se parece a la actual.

En España existen cuatro bolsas de valores, que forman parte de los llamados mecados secundarios oficiales: son las bolsas de Madrid, de Barcelona, Bilbao y Valencia. Los cuatro organismos bursátiles se adinistran por sus respectivas sociedades rectoras y están integradas en la sociedad tenedora de Bolsas y Mercados Españoles (BME) desde 2002.

Según reza en el punto 8 del artículo primero de las competencias del Principado, la comunidad tiene potestad para el establecimiento de bolsas de valores y establecimiento y regulación de centros de contratación de mercaderías conforme a la legislación mercantil. Hasta ahora ningún Gobierno del Principado ni ningún partido ha planteado su puesta en marcha ni parece que nadie lo ponga sobre la mesa ahora en la negociación de la reforma estaturia.

Lo mismo que con la creación de una agencia regional de meteorología, como permite a Asturias el punto 35 del artículo primero de sus competencias. Este servicio sí ha sido históricamente demandando por los empresarios turísticos, tras las erróneas predicciones sobre el peculiar tiempo asturiano que realiza la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Pero como ocurre con la Bolsa, ni forma parte de las demandas de los partidos ni saldrá en la negociación del nuevo estatuto que ya está en marcha.