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El Principado se comprometió esta mañana a convocar ofertas de empleo público «cada año» de acuerdo con la legislación vigente y, tal y como puntualizó la consejera de Presidencia, Rita Camblor, según «las posibilidades que nos ofrezcan los presupuestos generales del Estado». Es « ... obsesión» de la nueva titular de Presidencia, dijo, «reducir el porcentaje de interinidad» que, según cuantificó Margarita Vega, directora general de Función Pública, se encuentra en estos momentos en torno al 24%. Eso sí, el porcentaje se eleva en Sanidad y Educación.
Vega también adelantó durante la comparecencia de la Consejería de Presidencia en la Junta General para dar cuenta del programa de gobierno de la intención del equipo de Adrián Barbón de sacar una nueva oferta pública de empleo «antes de que finalice el año». Calcula la exdiputada que entre Administración general y Educación «podemos estar hablando de unas 800 plazas», una cifra que «quizá podrá doblarse» si se tiene en cuenta el número de plazas previstas para Sanidad, pendientes aún de concretar. Es decir, estamos hablando de unas 1.600 plazas. «Vamos a ir al máximo número de plazas que nos permita la legislación nacional», respondió a preguntas del diputado Rafael Palacios, de Podemos.
En materia de Justicia, la titular de Presidencia se comprometió esta mañana a la mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia para ofrecer un servicio público más ágil. Una de las novedades en este ámbito será la implantación del expediente judicial electrónico, que estará operativo este año, en cuanto finalice el periodo de formación del personal.
La reforma y renovación de sedes judiciales como la de Luarca, que entrará en funcionamiento en 2020, la construcción de los nuevos juzgados de Langreo y la búsqueda de una solución definitiva a la dispersión de las sedes de Oviedo son algunas de las actuaciones que impulsará la Viceconsejería de Justicia en esta legislatura.
También la lucha contra el maltrato machista será una prioridad. Las Unidades de Valoración Integral de la Violencia de Género, junto con la creación de dos unidades de valoración forense integral en Oviedo y en Gijón, ayudarán a dar una respuesta específica a esta lacra, que exige una actuación muy especializada.
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