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El campo ha copado el protagonismo en el Consejo de Gobierno celebrado este viernes en Caravia cuando se cumple un mes del inicio de las protestas de agricultores y ganaderos. El Principado ha anunciado la aprobación de un gasto de 686.400 euros para ... comprar vacunas bivalentes contra la enfermedad de la lengua azul para la cabaña bovina y ovina. Además, ha confirmado que «en breve» se convocarán las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) en Asturias. Se prevé repartir 92 millones de euros entre más de 8.500 explotaciones.
El objetivo de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria es finalizar la campaña de vacunación masiva antes de que comience la época de actividad de los mosquitos que actúan como vectores del virus de la lengua azul, previsiblemente a finales de junio, con el fin de tener protegido al ganado y evitar la difusión de la enfermedad. También pretende que las explotaciones no se vean afectadas en los movimientos de sus animales. La lengua azul es una enfermedad vírica que se transmite mediante mosquitos del género culicoides y que afecta a bovinos y ovinos, pero en ningún caso al hombre, por lo que los productos de las explotaciones, como la carne o la leche, se consideran sanos, seguros y saludables para el consumo humano.
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En cuanto a las ayudas de la PAC, el presidente del Principado, Adrián Barbón, aseguró que su Gobierno «vuelve a mostrar su compromiso con el sector primario, así como su voluntad de aligerar los trámites burocráticos para que los fondos lleguen lo antes posible a las personas beneficiarias».
Asimismo, Barbón explicó que el presupuesto para estas ayudas se distribuye en dos grandes bloques, 64 millones para pagos directos a la agricultura y la ganadería vinculados al mantenimiento de las rentas y 28.070.000 euros destinados a los pagos para el apoyo a la actividad agraria sostenible de las medidas agroambientales.
«El apoyo al medio rural se hace con hechos, no con palabras ni declaraciones políticas. Este es un gobierno que cree profundamente en los intereses de los ganaderos y también reivindicamos que salga el lobo del Lespre», puntualizó el presidente de Asturias.
Al margen de la gestión de las ayudas, la Consejería de Medio Rural y Política Agraria trabaja también en otras medidas para que la PAC «se acomode a la realidad de Asturias», reduzca la burocracia y favorezca la actividad. En este sentido, ha remitido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una serie de sugerencias que persiguen, entre otros objetivos, mayores facilidades para la incorporación de jóvenes al campo, la simplificación de trámites o más respaldo para el cultivo de legumbres amparadas por marcas de garantía y para la crianza de razas autóctonas.
Esta misma semana el Principado acordaba unirse con Galicia, Cantabria y País Vasco para exigir al Gobierno de España una PAC más flexible y adaptada a las especiales características de la cornisa. Esta alianza cantábrica se formalizará los próximos días con un documento que recogerá las necesidades comunes de las cuatro autonomías.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al convenio del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Oviedo, que el Principado y el ayuntamiento suscribirán en los próximos días y que movilizará 2,1 millones en inversiones.
Además, el Ejecutivo autorizó una partida de 2.688.338 euros para financiar las obras de rehabilitación energética del edificio que alberga el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada y la Escuela Oficial de Idiomas de Oviedo, ubicado en el barrio de El Cristo. Los fondos se distribuirán en dos anualidades: 988.450 euros este año y 1.699.888 el próximo.
Las obras consistirán en la rehabilitación integral de la fachada mediante la instalación de un nuevo aislante para reducir el consumo energético. También se sustituirán toda la carpintería exterior y el acristalamiento.
El Consejo de Gobierno aprobó también la modificación de la estructura de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo y la definición de la de Cultura, Política Llingüística y Deporte.
El cambio más relevante en este departamento se circunscribe a la Viceconsejería de Turismo, en cuyo seno se crea el nuevo Servicio de Inspección y Disciplina. Entre otras funciones, este órgano se encargará de velar por el cumplimiento de la normativa vigente respecto a las actividades turísticas y asumirá la inspección de los establecimientos y actividades del sector, así como la tramitación de procedimientos sancionadores oportunos.
La creación de este servicio es una de las medidas anunciadas por la vicepresidenta, Gimena Llamedo, para avanzar en la regulación de los pisos turísticos hasta el límite que permita la ley. El Ejecutivo se ha comprometido a poner el foco en los negocios ilegales, con el fin de consolidar un modelo turístico sostenible y de calidad.
El Principado dio luz verde además a un gasto de 808.245 euros para renovar el sistema de aire acondicionado de frío en el Hospital Universitario San Agustín de Avilés, centro de referencia del área sanitaria III. Los nuevos sistemas de enfriamiento se instalarán en el área de mantenimiento y ofrecerán servicio a todo el centro.
También, la Consejería de Hacienda y Fondos Europeos suscribirá un convenio con la Dirección General de Tráfico para intercambiar información sobre los accidentes que se produzcan en Asturias a través del Instituto de Medicina Legal. El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la firma de este documento, que tendrá un año de vigencia.
Este acuerdo permitirá analizar en profundidad las características de los accidentes y sus principales causas, así como establecer perfiles típicos, con el fin de mejorar el diseño de las medidas de prevención y de las políticas públicas de seguridad vial. En virtud del convenio, se elaborará un informe anual sobre la siniestralidad en Asturias.
Por último, el Principado acordó reconocer la condición de asturianía a la Casa de Asturias de Uruguay y al Centro Asturiano de Caracas. Esta medida permitirá a ambas entidades acceder a subvenciones y participar en algunos de los programas que convoca la Dirección General de Emigración y Políticas de Retorno.
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