Entre 9 y 18 millones: las cifras para estrenar un centro de internamiento juvenil en Asturias

Al departamento que dirige Ángel Gabilondo, el Gobierno regional le ha dicho que «para ambas peticiones, tenemos que tomar una decisión entre reformar el edificio o construir uno nuevo», explicó Vicente, quien confirmó que la decisión «se tomará en breve plazo». Porque las opciones ya cuentan con informe detallado. «En 2023 contratamos un estudio completo de las necesidades del centro. Se nos ofrecieron dos opciones, una reformar y, otra, construir uno nuevo». Siempre dentro «de la misma parcela que tenemos en Sograndio, que supera los 83.700 metros cuadrados. De ellas, el actual centro, formado por varios edificios, ocupa una superficie de 5.786 metros cuadrados».

¿Qué opciones plantea el estudio? «Por un lado, la reforma completa del actual centro. Tendría un coste de 9 millones y nos plantea dudas, ya que hay que analizar cómo se puede llevar a cabo la obra mientras los menores siguen en el centro. Tenemos que analizar todos los problemas de seguridad», señaló la viceconsejera. «También se estudió levantar un edificio nuevo, en la misma parcela en la que está el centro actual. El coste se eleva mucho, el doble de la reforma», dijo para precisar que «no se trata de elegir una cosa u otra por el coste que tenga, sino para ser lo más eficientes posibles. Si construimos otro centro, el actual seguiría ahí y sin uso, ya que, por las condiciones del internamiento de menores, se necesita la mayor seguridad».

En estos momentos, aunque aún no hay nada decidido, la opción de la reforma parece contar con más puntos, «aunque tendríamos que hacer un dispositivo provisional, para instalar en él a los menores, mientras se realizan los trabajos», siempre, defendió la viceconsejera de Justicia, «para garantizar la seguridad de los menores».

Sea nuevo o sea reformado por completo, lo que no tiene nada claro la viceconsejera es si las ventanas quedarán libres de rejas. «Ya le explicamos al Defensor del Pueblo que tenemos informes técnicos que nos dicen que es inviable esa opción. Los barrotes actuales permiten la apertura total de la ventana y, también, asomarse, que beneficia a los internos. Las otras opciones que se estudiaron no resultaban viables». No las tendrá, como no las tiene ahora, el módulo terapéutico, «en el que sí llevamos a cabo la obra que nos pidió, la de retirar las placas turcas».

Lo que sí quiso dejar claro Encarnación Vicente es que, mientras se decida qué pasará con el centro, el dispositivo «tiene plan de emergencias. Siempre lo tuvo, pero es que en 2024 lo actualizamos por completo. Se presentó ya en el registro y está en vigor». Lo dice porque el comité de empresa de la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos aseguró a este periódico que «no existe plan de emergencias» y que, en caso de incendio, los usuarios de la cuarta planta, reservada a las chicas, «tendrán que saltar al tejado por la ventana del baño».

Aspecto que rebate la viceconsejera, quien insiste en que «siempre hubo un plan de emergencia, lo que hicimos fue actualizarlo» y apuntó que en breve se dará «formación a la plantilla y realizar simulacros». No obstante, sobre este último aspecto explicó que «hay que analizar cómo se realiza el simulacro, porque estamos hablando de un centro de internamiento».

Otra de las recomendaciones del Defensor del Pueblo es acabar con la práctica de desnudar a los menores para hacer un registro integral, que incluye ponerlos en cuclillas. «Ya les dijimos que esa medida, la del desnudo, solo se hace en casos extremos y muy graves. No es una práctica habitual. Se hacen cuando hay sospecha de que puedan introducir en su cuerpo artículos prohibidos y, de todo ello, se informa al Fiscal del Menor y a la titular del Juzgado de Menores».

También fueron atendidas «la petición de privacidad para las sesiones con el psicólogo o el psiquiatra», pero apuntó que «siempre y cuando no haya un informe contrario de los propios servicios médicos o de los educadores». La preocupación por la salud mental de los internos «está fuera de dudas», como lo prueba, en su opinión, «que también aceptamos la recomendación de ampliar el protocolo antisuicidios a los menores en el momento de su entrada en el centro». Recordó Vicente que el centro de internamiento de Sograndio «se somete a numerosas inspecciones. No solo viene el equipo del Defensor del Pueblo, cada quince días lo visita el Fiscal del Menor, y también la jueza hace visitas. Tratamos de ofrecer el mejor servicio posible».