Transportes reactiva el plan para cobrar por el uso de las autovías que había aparcado por la inflación

En abril la inflación anual se situaba en el 8,3% y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez explicaba que «atendiendo a las actuales circunstancias» el pago por uso de las autovías libres de peaje «no es ahora el momento de plantearlo». Eso sí, matizaba que su equipo seguía valorando «cuál es la mejor fórmula» para concretar un posible copago del que su antecesor, José Luis Ábalos, empezó a hablar reconociendo que era impopular y pidiendo sentido de Estado a la oposición. En Asturias del debate depende si hay que pagar por circular en la 'Y' y el resto de la autovía del Cantábrico (A-8) y la Ruta de la Plata (A-66); también en la del suroccidente (A-63) y la Oviedo-Villaviciosa (A-64).

Transportes acaba de reactivar el plan. El 9 de junio la Dirección General de Carreteras encargó a la consultora pública Ineco un estudio de alternativas del llamado «nuevo sistema de financiación de la Red de Carreteras del Estado y la determinación de las necesidades para su diseño e implantación». El trabajo se pagará a razón de 1,4 millones y debe estar terminado en abril de 2023. El pliego lo define como la fase 1 de un plan oficial cuya etapa posterior consistirá en el «diseño e ingeniería de la solución adoptada» y la fase 3 será ya la «licitación de la implantación del nuevo sistema de cobro».

Lo que ahora están haciendo los especialistas de Ineco es una evaluación de «los sistemas de pago por uso adoptados en los países de la UE»; también se les ha pedido un análisis técnico sobre la adopción de sistemas «basados en el tiempo (viñetas) o en la distancia (peajes)» y el alcance de la red a «tarificar», que es el término que usa el ministerio para referirse al cobro por uso de la infraestructura. Harán asimismo un «análisis cualitativo de la extensión del sistema de pago a vías de alta capacidad de otras administraciones públicas». En Asturias eso interpela a la AS-I y la AS-II, si bien su titular, el Principado, viene rechazando sumarse a esta vía recaudatoria.

Ineco deberá precisar «la demanda de la red a tarificar» y cómo el cobro puede desviar parte del tráfico al resto de vías y medios de transporte. Se le pide también una «definición de criterios y variables para el diseño de tarifas», así como la «determinación del catálogo tarifario», estimaciones sobre las consecuencias «a la seguridad vial y la reducción de emisiones».

En los meses en los que el ministerio hablaba claramente de la necesidad de avanzar en esta política deslizó que había que dar con fórmulas que atendieran a los niveles de renta de los usuarios. En ese sentido ahora a Ineco se le pide que elabore «un estudio socioeconómico de planificación general, de progresividad fiscal en el cobro a usuarios y del impacto de la tarificación entre transportistas y cargadores». Al final de lo que se trata es de configurar una «hoja de ruta para la implementación del nuevo sistema de cobro en España», explicita el pliego ministerial.

Transportes quiere tener todas las opciones sobre la mesa. De ahí que además requiera a su consultora que le analice «el impacto económico preliminar derivado de la posible reversión de la red de autopistas del estado». A medio plazo el único tramo de autopista cuya concesión expirará es la AP-68 Bilbao-Zaragoza, en 2026, lo que sugiere mirar hacia el resto de tramos para calibrar si el dinero recaudado da para un rescate progresivo.

Aunque el pliego valora ir a un pago por medio de viñeta o directamente cobrando por tramos, también deja abierta la puerta a analizar el «impacto económico preliminar derivado de la posible repercusión de los costes de gestión de la red de carreteras en el impuesto de hidrocarburos».

La idea de aplicar un recargo al litro de combustible estuvo en etapas pasadas rondando por el ministerio al ser el mecanismo más sencillo, sin embargo existen límites legales para tocar ese tributo y problemas para derivar el dinero recaudado por esta vía hasta Transportes.

Aunque políticamente parecía un tema aparcado, el pliego reconoce que existen compromisos con la Unión Europea que obligan a avanzar. El Plan de Recuperación supone unos 70.000 millones en fondos no reembolsables pero a cambio «articula una agenda coherente de reformas estructurales que responden al diagnóstico compartido por las instituciones europeas el gobierno español», recoge el acuerdo con Ineco.

El plan aprobado por Bruselas incluye la «tarificación de infraestructuras». Una de las reformas habla de «la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implantarse a partir de 2024, buscando un acuerdo social y político». Entre las medidas fiscales del documento se habla de «crear un pago por uso de la red viaria», detallando que en el cuarto trimestre de 2023 se deberá revisar esa medida.

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