Gijón
Miércoles, 24 de julio 2024, 12:29
Asturias ha blindado los derechos sociales hasta el fin de la legislatura. Hasta 2027, los ayuntamientos tienen garantizada la financiación necesaria para cubrir las necesidades de sus vecinos. Son 272 los millones aprobados y cuyos convenios fueron objeto de un acto solemne presidido ... por el jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón. Un dinero destinado al desarrollo de las prestaciones básicas del Sistema de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Tanto Principado como consistorios destacaron el carácter plurianual del convenio, ya que favorecerá el refuerzo y consolidación de la red de servicios sociales.
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Tras ese paso, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha dado otro. Ha reunido a la Comisión Institucional del Sistema Asturiano de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales para informar sobre el reparto de 15,6 millones, destinados a cubrir las ayudas de emergencia y a familias en riesgo que tenga cada ayuntamiento. La cita se celebró en la sede de la Federación Asturiana de Concejos y estuvo presidida por la consejera, Marta del Arco. Asistieron, también, las directoras generales de Gestión de Derechos Sociales, Paula Álvarez; de Infancia y Familias, María Belén Barrero, y de Presupuestos y Finanzas, Mar García Salgado; los directores generales de Innovación y Cambio Social, José Antonio Garmón; de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, y de Vivienda, Jesús Daniel Sánchez, además de la gerente del Sepepa, Begoña López. Asimismo, la Facc, con los ayuntamientos representados en función de sus habitantes.
A la entrada, Marta del Arco explicó que la reunión «tiene varias funciones, entre ellas, que la comisión sea informada de la distribución de los créditos, del dinero destinado a los ayuntamientos para las diferentes ayudas a emergencia social, emergencia de familias con niños y otros gastos ordinarios y extraordinarios». Durante el encuentro, la consejera explicó «la distribución de los fondos», que, recordó, «se hacen en función de criterios objetivos que ya fueron consensuados en la reunión del año pasado», por lo que no se espera ninguna voz en contra.
Sobre la mesa, 15,6 millones, «un 12% más que el año pasado». El montante más importante, 8.480.486 euros, para ayudas de emergencia social para la vivienda, de garantía energética y para otros gastos ordinarios y extraordinarios. Le sigue los 4,8 millones para el apoyo a la intervención y proyectos locales de inclusión sociala. Finalmente, se repartirán 2.323.814 euros para ayudas de emergencia social para familias con menores.
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