Asturias aprueba las medidas para tratar de ganar población

El presidente puso en valor esta capacidad de Asturias para atraer a ciudadanos que busquen unas mejores condiciones climáticas para vivir, aunque evitó entrar en predicciones a corto o medio plazo. Lo hizo tras la sesión plenaria en la que se aprobó prácticamente por unanimidad -con el único voto en contra de Vox, que presentó un voto particular- el dictamen elaborado por la comisión de estudio sobre el Reto Demográfico. Un trabajo, dijo, del que deberá «beber» ahora la ley del Reto Demográfico que el Gobierno regional se comprometió a registrar en la Cámara antes de que acabe esta legislatura, si bien se asume que su tramitación parlamentaria difícilmente podrá concluir antes de las elecciones.

Lo que pidieron la mayoría de los grupos parlamentarios fue, en todo caso, que este dictamen tenga ya reflejo en los presupuestos de 2023, un guante que cogió el jefe del Ejecutivo autonómico quien, sin querer hacer grandes avances al respecto, sí reconoció que «las deducciones fiscales para fijar población es una música que nos suena bien».

La presidenta de la comisión y diputada socialista, Gimena Llamedo, celebró el alto nivel de «consenso» logrado en este dictamen, pero ante las críticas de la oposición, que pidió al Gobierno regional pasar de las palabras a los hechos, recordó que el Ejecutivo socialista lleva años afrontando este reto con medidas que van desde la fiscalidad diferenciada al refuerzo de servicios sanitarios y educativos en la zona rural y que, más recientemente, incluyen ayudas a la natalidad. «Pero no hay varitas mágicas», insistió.

Previamente, el resto de los grupos de la oposición aplaudieron igualmente el consenso en torno a este dictamen, pero se quejaron del retraso en la tramitación de la ley y en la puesta en marcha de medidas concretas. Desde el PP, el portavoz adjunto, Pablo González, reprochó al Principado que hubiera «perdido el tiempo» en debates estériles, como el de la oficialidad de la Llingua, y en la creación de un comisionado para el Reto Demográfico para que, finalmente, fueran los grupos políticos a través de una comisión quienes pusieran negro sobre blanco las propuestas. El diputado popular pidió pasar del discurso a los hechos y utilizar los presupuestos de 2023 para «aplicar medidas de choque» capaces de revertir la tendencia demográfica y de permitir a los asturianos «poder desarrollar su proyecto de vida en Asturias».

Desde Ciudadanos, el diputado Sergio García también se quejó de la «abundancia de teoría» e hizo un llamamiento a la Cámara asturiana para que este dictamen, que incluye propuestas en materia fiscal, tenga realmente reflejo en las cuentas de 2023.

La diputada de Podemos Nuria Rodríguez centró su discurso en la oportunidad que el cambio climático y «la soberanía alimentaria» pueden suponer para Asturias como destino para vivir, si bien alertó a la Cámara de que para ello es necesario «no destruir la biodiversidad asturiana».

Ángela Vallina, portavoz de IU, también hizo un llamamiento a la Junta para dar un paso más y alcanzar un «gran pacto político» que dote al Gobierno regional de herramientas para luchar contra la «decadencia» económica y demográfica en la que está sumida la región y que, en su opinión, tiene que empezar con la aprobación de los presupuestos del próximo ejercicio.

Su homólogo en Foro, Adrián Pumares, asumió que no existen «recetas mágicas» contra la despoblación, pero denunció que, por ahora, se trata de «recetas fantasma» ya que «aún no se ha puesto ninguna en marcha». También urgió la aprobación de la Ley del Reto Demográfico «que llevamos diez años reclamando», sin ocultar su «escepticismo» acerca de la capacidad del Gobierno regional de llevarla a la Junta antes de que concluya la legislatura. Sara Álvarez Rouco, diputada de Vox, calificó el dictamen de «cortina de humo» y reprochó que no se esté actuando «en la raíz del problema, la ausencia de nacimientos». Además, para justificar su rechazo al dictamen y la presentación del voto particular, apostó por un enfoque distinto del problema en el que se situé a la familia como «centro» de todas las iniciativas políticas.