Uno de cada veinte asturianos vive del salario social, la cifra más alta registrada en la región

Es la primera vez que Asturias llega a esa cantidad. En 2006, el primer año completo de aplicación de la Ley de Salario Social, que se implantó en diciembre de 2005, el colectivo de beneficiarios del salario social apenas superó las 4.000 personas (4.317 en total). No fue hasta 2013, en los momentos más álgidos de la crisis económica, cuando el Principado superó las 10.000 nóminas anuales de salario social, hasta llegar a las 11.038.

A partir de ese momento, y tras poner fin al colapso de más de 6.000 expedientes sin atender de 2012, el salario social no ha dejado de crecer hasta superar en 2016 la barrera de los 20.000 asalariados. En el último año, cada mes fueron 60 las personas que se incorporaron a esta prestación para la que el Principado desembolsó entre enero y septiembre más de 93,7 millones. Nueve veces más del presupuesto total ejecutado durante el primer año de aplicación, en 2006.

Este coste se verá incrementado en el último trimestre del año, ya que la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, de la que depende esta prestación, tiene pendiente de tramitar 1.255 casos desde junio. A ellas habrá que sumar las nuevas peticiones presentadas en los próximos meses. Solo en septiembre llegaron 190 nuevas solicitadas. El año pasado la media mensual llegó a 231 expedientes.

Así lo evidencia el último informe que sobre la paga ha hecho público el Gobierno regional. Los números oficiales dejan claro que en el último año han sido 730 las personas que se incorporaron a la nómina. En el mismo periodo fueron 2.475 las que han sido dadas de baja.

Un documento que llega tras la publicación del informe sobre la pobreza realizado por la Red Europea en Asturias (EAPN, según sus siglas en inglés), en el que se alertaba de que los casos de pobreza severa se triplicaron en la región desde 2008. De acuerdo a sus datos, son 57.000 los asturianos que viven con menos de 355 euros al mes, un colectivo en el que hay que incluir a personas mayores y, también, a familias con hijos a cargo. Unas familias, especialmente las monomarentales, que han tenido, señala el informe, que acudir a los pensionistas para salir adelante. Sin embargo, los datos dicen que el 25% de los jubilados asturianos se encuentran en el umbral de la pobreza.

Por ese motivo, el presidente de la Red Europea contra la Pobreza en Asturias, Héctor Colunga, plantea al Principado la necesidad de crear «un mecanismo de protección para las personas» al que él pone nombre: un 'Plan de Inclusión' «que ordene y armonice todo lo que se hace desde las administraciones y las entidades». El portavoz de EAPN en Asturias reclama «coordinación entre las políticas de empleo y las sociales» y, sobre todo, «la construcción de un modelo estatal de renta básica o mínima que fortalezca un modelo social inclusivo».

Una defensa, la de la renta básica, en la que coinciden las entidades sin ánimo de lucro de todo el país. Para Colunga, «es importante no olvidar ni menospreciar el impacto positivo que tiene el salario social», aunque cree que «debiera promover, acompañado de otras medidas, oportunidades de inclusión e inserción».Por ese motivo, exige que se ataje «el laberinto burocrático y la presunción de culpabilidad que rodea a cualquier persona que necesita de una mínima red de apoyo, así como el embudo que supone su gestión». En su opinión, «el gobierno y los partidos políticos no debieran descansar mientras haya una sola persona o familia que necesita del salario social para sobrevivir».