Los asturianos pagarán por la basura más que nunca en 2025

¿Qué está pasando para que los ayuntamientos de Asturias, pero también del resto del país, estén planteando para el año que viene la mayor subida generalizada de sus tasas de basura? La respuesta está en la Ley de Residuos de 2022, que obliga a que desde abril de 2025 todos los consistorios tengan una tasa «específica, diferenciada y no deficitaria» que «refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos».

Diego Vallina, secretario del Ayuntamiento de Llanera y uno de los intervinientes en el acto organizado por Cogersa, reconoció que hasta ahora «la gestión de los residuos iba por un lado y la tasa por el otro». Es decir, los consistorios solían asumir más costes, poner más contenedores y contratar que los camiones pasen más veces, pero sin repercutir todo al ciudadano: «La ley permitía que eso fuera una decisión política, y el político no consideraba subir».

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Manuel Campa, concejal de Avilés, asumió que trasladar al ciudadano la necesidad de esa subida «es difícil». «Hablamos de porcentajes importantes de subida y necesitamos concienciar mucho a la gente, explicar lo que hay detrás», señaló.

«El impacto en las familias será alto, sobre todo en los casos en los que los ayuntamientos ni siquiera tenían una tasa», asumió Margarita Ruiz Saiz-Aja, subdirectora general de Residuos del Ministerio para la Transición Ecológica. «Ahora bien, ¿es una tasa cara o barata? Las noticias están barajando un coste de 200 euros al año, eso supondría para una familia de tres miembros unos 55 céntimos al día por gestionar sus residuos, esa tonelada y media anual que generan», contextualizó.

José Luis Fontaniella, alcalde de Cangas del Narcea por parte del PP, sostuvo que la UE fija objetivos pero que ha sido el Gobierno de España quien ha marcado «los medios» para alcanzarlos, de una manera que, según dijo, «perjudica» a los concejos con población dispersa. En este sentido Sergio de Lucas, jefe de servicio de Emulsa, reconoció que según las estimaciones de la empresa gijonesa la recogida en la zona rural del concejo «es un 40% más cara».

Montserrat Fernández, alcaldesa de Tineo, lamentó que en su caso repercutir todo el coste «supondría medio millón más al año, sería triplicar el precio de la basura». Ruiz Saiz-Aja les aclaró que el ministerio no sancionaría a los concejos que no cumplan la ley, «otra cosa es que nos llegue luego una multa de la UE, que entonces se podría repercutir a las comunidades y estás a los ayuntamientos».