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miriam suárez
Lunes, 7 de junio 2021, 21:08
El borrador de la Ley Integral de Ordenación del Territorio, que el Principado está sometiendo a consulta previa, deja a los partidos políticos y grupos profesionales a medias. En general, la música les suena bien. Pero lo importante es que los principios urbanísticos que ... se adelantan en el documento se puedan aplicar con eficacia y con eficiencia, y «eso todavía está por ver». En palabras de Joel García, presidente de CAC-Asprocon, «la nueva ley debe ser clara, pragmática y fácilmente aplicable, para no volver a caer en el error de que no la entienda nadie ni en la maraña administrativa que tenemos ahora».
La patronal de promotores y constructores se pregunta, por ejemplo, si las ocho o diez áreas funcionales en las que el Principado pretende reordenar territorialmente Asturias precisarán de nuevos entes de gestión o bien se optimizarán los mecanismos existentes; si agrupar municipios con características en común implicará también compartir planes urbanísticos y estética; y, sobre todo, «si esta ley va a servir realmente para facilitar las cosas».
De lo que no tiene duda Joel García es de que la implantación de la llamada declaración responsable «será positiva». Basta con que el promotor de una obra se comprometa a cumplir la normativa vigente. Compromiso, claro está, sujeto a futuras inspecciones. La cuestión es que «se agilizarán mucho las licencias», asegura García.
Al Colegio de Arquitectos de Asturias la intención de realizar una ley de ordenación integral, dadas las deficiencias de la legislación urbanística actual, ya le parece una buena noticia. «Responde a una demanda largamente sostenida por los arquitectos», precisa la junta de gobierno presidida por Manuel Alfonso Torre. Y se muestran de acuerdo en el planteamiento de partida, tanto «en la voluntad de aproximar la ordenación a grandes áreas funcionales como por la necesidad de deshacer la maraña administrativa en que se encuentra la región».
Los arquitectos ya adelantan que participarán en el debate previo a la redacción definitiva de la ley y que harán aportaciones al documento sometido a consulta pública. «El enfoque más adecuado para facilitar la actuación responsable de todos y cada uno de los agentes que trabajan sobre el territorio es ir hacia un modelo legislativo más ágil y flexible», apunta su decano.
Que la elaboración de esta nueva ley debe aprovecharse para aligerar de burocracia el urbanismo asturiano es un punto en el confluyen todas las partes. Pero los grupos políticos con representación parlamentaria creen que hay que ir más allá. Que se debe aprovechar esta oportunidad para articular el territorio en función de las necesidades de Asturias y de su sistema productivo, destacando el papel que deben jugar los ayuntamientos y teniendo en cuenta las particularidades de las alas. «Se está demostrando que el área metropolitana que planeaba el PSOE no tenía ni pies ni cabeza», dejar caer Podemos.
No sólo se reivindica el papel de los ayuntamientos, sino también su autonomía. Aunque esa reivindicación es más vehemente en partidos como Foro o IU que en la propia Federación Asturiana de Concejos (FACC), organización que agrupa a los 78 municipios del Principado. A falta de un análisis más sosegado por parte de sus órganos de gobierno, desde la organización se adelanta que «el planteamiento general suena bien».
La presidenta de la organización y alcaldesa socialista de El Franco, Cecilia Pérez, entiende que «todo lo que suponga mejorar la ordenación del territorio en favor de la sostenibilidad, la cohesión de sus comarcas y la cooperación intermunicipal debe ser bienvenido». Espera también que se simplifiquen los trámites administrativos para, así, favorecer la actividad económica y fijar problación, especialmente en las zonas que han quedado demográficamente más relegadas.
En cualquier caso, «no puede ser que los planteamientos de ordenación se hagan a través de los medios de comunicación», apuntaron los más críticos. Es imprescindible las negociación con las partes implicadas», clama la oposición desde la Junta General del Principado.
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