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Manuel Sastre, arquitecto del geriátrico de Felechosa (Aller), declaró ayer durante tres horas en sede judicial para dar su versión como investigado del 'caso Hulla'. «Ha admitido haber cometido una serie de errores, que si bien en aquel momento no advirtió, ahora ... se da cuenta de que lo son y si pudiera echar marcha atrás los habría evitado», según explicó su abogado defensor, Javier Díaz Dapena. La suya fue «una explicación cronológica, cabal y detallada, hecha con la perspectiva que da el tiempo y lo que ahora sabemos», agregó su representante.
Sastre está considerado por la Fiscalía el arquitecto de cabecera de Alcedo de los Caballeros, la constructora que venía colaborando con el Montepío de la Minería en la etapa de José Antonio Postigo y José Ángel Fernández Villa. Según el relato de hechos del Ministerio Público, el investigado firmó el proyecto visado por el Colegio de Arquitectos que cifraba en diez millones la ejecución material del geriátrico, y un mes después confeccionó otro presupuesto que elevaba las partidas hasta los 25,2 millones.
El profesional fue además miembro de la comisión técnica designada por el Montepío para valorar las ofertas que las constructoras presentaban para hacerse con la obra que se financió con Fondos Mineros. Su dictamen avaló que se confiara el trabajo a Alcedo de los Caballeros a pesar de haber presentado la oferta más cara. El expediente fue luego elevado al Instituto para la Reestructuración de la minería (IRMC) quien pagó la mayoría de la subvención con la que se costeó la obra.
El concurso para seleccionar al adjudicatario de la obra «fue una pantomima», reconoció Sastre en su declaración de ayer, según confirman fuentes judiciales. «Estaba todo el pescado vendido pero me dijeron que era legal», relató. Su línea de defensa se basa en presentarse como un profesional contratado por el Montepío y asegurar que el asesor jurídico de la entidad, Rafael Virgós, habría sido quien como experto en Derecho aseguraba la regularidad de la operación.
Correos intervenidos
El argumento que ofreció indica que el Montepío era una entidad privada y tendría capacidad para confiar la obra a quien quisiera, sin cumplir los principios de la Ley de Contratos del Sector Público. Sastre asumió que el concurso lo que pretendía era «lavar la imagen de cara a los mutualistas» y reconoció haber firmado donde su cliente le pedía. Su versión justifica de esta forma los correos electrónicos que se le han intervenido y en los cuales revela a Alcedo de los Caballeros el contenido de las ofertas de las otras dos constructoras y le indica como presentar la suya, aún fuera del plazo.
El investigado asumió haber cometido «errores que pueden rozar la irregularidad» pero negó que llegaran a la categoría de delito. Entre ellos estaría supuestamente haber retocado alguna imagen para acreditar que se había extendido un asfalto que solo se iba a disponer días más tarde. Sastre deslizó que a su entender el geriátrico no cumple las condiciones bajo las cuales se le concedió la subvención, lo que expone al Montepío a devolverla.
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