El área central en Asturias restringirá el tráfico y encarecerá su zona azul para reducir la contaminación

A finales de 2015 el acceso a Oviedo desde la 'Y' fue cortado por los elevados niveles de micropartículas que respiraban los vecinos. Fue la primera ocasión en la que la libertad de los conductores de circular por una vía asturiana debió ceder ante la preocupación por la contaminación. La colisión continúa y está llena de paradojas. De un lado el aire nunca registró menos suciedad y sin embargo ahora causa más inquietud. Del otro el coche mantiene predicamento. Pese a la crisis y la sangría demográfica el parque creció en 27.000 turismos en la última década. De cada cinco asturianos con edad de conducir tres tienen coche en propiedad.

A pesar de la influencia electoral de los conductores, lo ocurrido en 2015 fue solo un anticipo de las dificultades por venir. En febrero ante otro episodio de contaminación se rebajó a 90 kilómetros por hora la circulación en el área central. El plan de movilidad que el Principado tramita para tenerlo en vigor este año insta a extender la zona azul y subir sus tarifas. A las restricciones se sumarán prohibiciones. La UE va a supervisar otro programa remitido por el Gobierno de Pedro Sánchez que obligará a que dentro de cuatro años Gijón, Oviedo, Avilés y Siero importen el modelo de Madrid Central y habiliten sus propias «zonas de bajas emisiones», esto es, espacios con algún tipo de veto al tráfico.

La medida está en el borrador del Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030. El texto responsabiliza al tráfico del 26,1% de las emisiones y se fija como meta convencer al 35% de los conductores para que pasen «al transporte público, el compartido y los modos no emisores». La fórmula principal para lograrlo sería la «generalizada delimitación de zonas centrales en las ciudades de más de 50.000 habitantes a partir de 2023, en las que se prevé la limitación de acceso a los vehículos más emisores y contaminante». El acceso a «las almendras centrales» de estos coches «estará cada vez más restringido».

«Esta medida, una de las más relevantes de este plan, pretende la transformación de las ciudades para garantizar la mejora de la calidad de vida a través de la mejora de la calidad del aire», defiende el texto. La revolución saldrá cara. En todo el país adaptar las ciudades de más de 50.000 vecinos a este principio exige 10.753 millones, estima el plan. A pesar de la magnitud del desembolso, el presidente en funciones Pedro Sánchez, no ceja en el empeño. En su primer discurso en el debate de investidura, el 22 de julio, se comprometió a seguir una «lucha sin cuartel contra la contaminación en el ámbito urbano: regularemos la obligación de que las ciudades de más de 50.000 habitantes se doten de zonas de bajas emisiones, con restricciones para los vehículos más contaminantes».

Ese parámetro afecta a las cuatro urbes asturianas. Su materialización ya no es solo cosa de que Sánchez logre ser investido. El plan sigue su tramitación y la última novedad es que el Ministerio de Transición Ecológica acaba de dar el visto bueno a los primeros documentos. A petición del Principado, ha requerido al departamento promotor que calibre cómo afectará el programa a las normativas y planes asturianos.

El trámite sigue su curso y cuenta a su favor con la presión de la Comisión Europea. Los Acuerdos de París firmados por 195 países obligan a cada Estado a presentar su plan para atajar emisiones en la próxima década. Bruselas juzga «coherente» el primer borrador hecho por España pero da hasta final de año para que le llegue una versión ampliada y fruto de una mayor participación pública. El Ejecutivo comunitario se mantiene así apremiando y con capacidad punitiva en caso de relajo. Lo acaba de demostrar al denunciar a España ante la justicia por los elevados niveles de dióxido de nitrógeno (NO2). El paso se dio justo después de que el Ayuntamiento de la capital del país tratase de revertir los avances logrados por el equipo de gobierno de Manuela Carmena respecto a 'Madrid Central'. Este sistema multa a los vehículos que generan más emisiones contaminantes que accedan a las 472 hectáreas más céntricas de la capital.

Es uno de los modelos de zonas de bajas emisiones. En Londres a los vehículos que más contaminan se les cobra un acceso de 15 euros que se usa para potenciar el transporte público. En Oslo la tasa se extiende a toda la flota salvo a los vehículos sin emisiones y Milán avanza hacia la prohibición total de los turismos diesel desde el año 2030, según una comparativa de Ecologistas en Acción.

Variedades existen y, una vez sea aprobado el Plan Nacional, Gijón, Oviedo, Avilés y Siero deberán optar por una. Asturias figura entre las regiones que más depende del diesel, combustible que aquí utilizan el 60% de los coches.