Arantxa Palomino carga contra la Guardia Civil y tacha de «chapuza» la investigación

No hay mejor defensa que un buen ataque. Bien pueden aplicar el actor Luis Lorenzo y su mujer, la avilesina Arantxa Palomino, la mítica frase de Sun Tzu en su obra 'el arte de la guerra' para defender su inocencia en la causa abierta por la muerte de la tía de Palomino, María Isabel Asunción, de 85 años y natural de Grado. La pareja ha esperado agazapada el ruido de los flashes y las horas de tertulia televisiva durante los cinco meses transcurridos desde su mediática detención, imputados por el homicidio de la anciana. Y ahora han pasado al contraataque para tratar de archivar la causa.

Arantxa Palomino y su esposo, en situación de libertad provisional, declararon ayer de forma voluntaria ante la juez de Arganda del Rey (Madrid) que instruye el procedimiento penal. Su abogado consideró que a la vista de la deriva de la investigación de la Guardia Civil, que sigue tratando de conectar la responsabilidad de la pareja en el presunto envenenamiento de la tía Isabel por un móvil económico, era la hora de dar un golpe en la mesa.

Con un aspecto impoluto y rictus relajado, los imputados estuvieron en los juzgados de la localidad -ubicada a 32 kilómetros al este de la capital- por un espacio superior a las dos horas. Lo hicieron después de que los investigadores admitieron en un informe judicial que no han hallado cadmio en el registro de su vivienda, pese a que la autopsia de la anciana concluyó que en su organismo había niveles de este metal (presente en la pintura) 200 veces por encima de lo normal, mientras que la concentración de manganeso (presente en pilas y baterías) era veinte veces superior a la habitual.

Frente al «envenamiento de etiología homicida» que sostiene la Guardia Civil por un móvil económico (el dinero y los bienes de la fallecida, que vivía con el matrimonio en Arganda), Lorenzo y Palomino tildaron de «falsos» estos indicios ante la juez y trataron de aclarar las sombras de sospecha sobre las circunstancias de la muerte de la anciana, a quien le detectaron una demencia meses antes de fallecer.

Con todo, los imputados se quejaron también de la investigación «prospectiva» de la Guardia Civil, en línea con las peticiones de su defensa para que se anulen determinadas diligencias por vulneración de derechos. Ni corto ni perezoso, a la salida del juzgado el propio Lorenzo se mostró «satisfecho» con su declaración y tildó de «chapuza» el trabajo de los agentes encargados de la causa.

Los investigadores les señalan por «originar constantemente un historial de enfermedad mental y desatender a la mujer de sus necesidades físicas y médicas, haciendo que su salud se deteriorara hasta la muerte». Para sostener esta tesis, los agentes incluso han tomado declaración a varios vecinos del inmueble de Arganda donde vive el matrimonio para conocer si había visto malos tratos a la fallecida. Una circunstancia contenida en las diligencias judiciales y que han llevado al abogado de Lorenzo a denunciar a uno de sus moradores para contrarrestar su testimonio incriminatorio.