'Aprobado' raspado en la Universidad a la ley de amnistía a los independentistas

Paredes Castañón fue, quizá, el más benévolo con la futura ley. Desde un punto de vista meramente jurídico, el catedrático considera que, en la medida de que la amnistía «no está prohibida» por la Constitución Española, las Cortes tienen capacidad y derecho a su aprobación. Eso sí, puntualiza, el «trato desigual» que obviamente supone este borrón y cuenta nueva «debe estar justificado» y «debe respetarse el derecho internacional de los derechos humanos». Paredes entiende que se cumplen ambas cuestiones porque, por un lado, la amnistía se justifica «para poner fin a un conflicto político» y, por otro, «no hay ninguna persona que haya cometido graves violaciones de los derechos humanos». Desde un punto de vista político comprende que existen sobradas razones a favor y en contra que, bajo su punto de vista, «no son ni buenas ni malas, forman parte de la política» y, apostilló durante su intervención, «los que se oponen no están pensando en la división de poderes sino en que quieren gobernar». Así, comenta, mientras unos argumentan que la amnistía permitiría «acabar o reducir el nivel de conflictividad en Cataluña y canalizarlo por vías políticas», los contrarios a esta norma critican que los delitos cometidos van a quedar impunes. Personalmente, confesó que ve la medida «razonable» al no tratarse en la mayoría de los casos de delitos violentos graves como podrían ser las torturas y siempre que exista el compromiso de continuar el debate por canales políticos.

Un poco más crítico fue José Bastida. El catedrático Constitucional también entiende que la amnistía «cabe en la Constitución» pero matiza que «no cualquier amnistía». Y en ese sentido, explica que el texto que nos ocupa «tiene puntos que mejorar». En su opinión, el proyecto de ley quiebra el principio de igualdad ya que «sólo contempla los supuestos de exoneración de responsabilidad para los delitos cometidos por independentistas, pero no cuando los que han cometido esos delitos son las personas que se oponían al independentismo». Un matiz importante que Bastida entiende que debe corregirse para evitar que pueda ser considera inconstitucional.

González Vega fue, si cabe, el más beligerante de los tres expertos. El catedrático de Derecho Público desgranó ante un salón colmado de alumnos las «alusiones constantes» que la proposición de ley hace a la «plena conformidad» del texto con el derecho comparado, con el derecho internacional y con el derecho europeo. El experto puso en contexto cada una de estas alusiones y en algunos casos incluso las llegó a desmentir ya que, argumentó, «desde una perspectiva jurídica algunas de ellas son o bien interpretaciones sesgadas o bien sencillamente falsificaciones de los desarrollos de derecho internacional y de derecho europeo en Liza». A modo de ejemplo, explicó que el texto menciona que la inclusión de la amnistía en los tratados firmados por España en materia de cooperación judicial supone la aceptación de la amnistía por parte del Estado, «lo cual es falso, simplemente quiere decir que España respeta que otros estados tengan amnistías». De ahí que el catedrático opine que estas continuas referencias «pueden servir como un pequeño aperitivo, pero no para fundamentar la ley».

El debate estuvo moderado por el decano de la Facultad de Derecho, Javier Fernández Teruelo, quien celebró el enorme interés generado entre el alumnado.