El 'boom' del detector de metales dispara las denuncias por expolio en el patrimonio

Estamos sorprendidos ante la proliferación de comunicaciones de hallazgos vinculados a la práctica del detectorismo, antes siempre había algo esporádico, pero este año ha habido un crecimiento notable, se han disparado», reconoce el director general de Cultura y Patrimono, Pablo León Gasalla. Explica que «en el Museo Arqueológico hay avisos de hallazgos de piezas cada una o dos semanas, y como consecuencia de esas comunicaciones que nos llegan a Patrimonio Cultural se han abierto en lo que va de año siete expedientes sancionadores por expolio en yacimientos arqueológicos». Son decenas los expedientes abiertos al respecto, y siete de ellos han resultado en denuncias tramitadas por Cultura: se han dado casos en Ribadesella -se extrajeron un hacha de bronce unos 3.000 años de antigüedad y una fíbula de más de 2.300 que fueron entregadas al Arqueológico-, Morcín, San Martín del Rey Aurelio, Langreo -el reciente caso de 17 hachas localizadas en la zona de Cuturrasu, que también fueron llevadas al museo-, Amieva, Ribadedeva -donde se extrajeron piezas del entorno del Monasterio de Santa María Tina- y en el Cordal de Peón, en Villaviciosa, donde también se extrajeron piezas cerca de la necrópolis tumular que hay en el área recreativa.

Reconoce el director general de Cultura que la legislación actual tiene diversas lagunas. «Como actividad, los detectores de metales no están prohibidos, pero hay que recordar que no se pueden usar en yacimientos arqueológicos o patrimoniales, donde debe haber autorización previa del Consejo de Patrimonio». Pero, ¿cuáles son esos lugares en los que no se pueden utilizar? Bastantes más de los que se piensa. En primer lugar, están protegidos todos los Bienes de Interés Cultural (es el caso por ejemplo del monasterio de Santa María de Tina), que son alrededor de 300, y todos los elementos que forman parte del inventario de patrimonio cultural, que cuenta en la actualidad con unas 1.800 entradas -algunas incluyen decenas de yacimientos cada una-, todos ellos con su correspondiente entorno de protección. Estamos hablando de iglesias, capillas, cementerios, palacios, cuevas... y todo el terreno que los rodea. Hay que sumar todos los elementos patrimoniales inventariados en cada concejo, en cuyas cartas arqueológicas se incluyen también todo tipo de inmuebles, los cascos históricos, castros, enterramientos medievales, yacimientos romanos, paleolíticos... «La carta arqueológica suma unos 5.000 yacimientos en Asturias», resume León Gasalla. Los lugares en los que no se pueden realizar prospecciones arqueológicas sin autorización son pues innumerables y se distribuyen por toda la región. Su desconocimiento no exime a los detectoristas de pedir esos permisos, por lo que en muchas ocasiones, los 'buscadores de tesoros' están actuando de forma ilegal sin saberlo. Otros, quizás no tanto.

Los llamados detectoristas, sin embargo, defienden su derecho a descubrir. De hecho, hay quien critica a los arqueólogos por «no salir de los despachos» y defienden que son ellos los que, de verdad, son capaces de encontrar nuevos yacimientos. Muchos actúan de forma legal y avisan en cuanto encuentran algo interesante a las autoridades. Otros prefieren excavar y llevarse los hallazgos a casa, provocando daños irreparables en los yacimientos. «El problema lo tenemos sobre todo fuera de esos espacios delimitados y protegidos, ahí no es preciso pedir permiso, pero es algo que queremos ver: hasta dónde se entiende que la prospección arqueólogica debería estar limitada», cuenta León Gasalla.

De hecho, en unas semanas se pondrá en marcha una mesa de trabajo para afrontar este problema, compuesta por técnicos del Museo Arqueológico y de Patrimonio Cultural junto con las fuerzas del orden. «Estamos analizando lo que pasa en otras comunidades y otros países para buscar una solución. La lógica nos lleva a pensar que si alguien encuentra un hacha neolítica lo suyo sería comunicarlo y avisar a los expertos, pero no excavar y sacar 20 hachas una detrás de otra, eso ya es una práctica arqueológica. Si lo localizas y comunicas no vas a ser multado, pero sí si sigues excavando y sacando cosas, porque puedes estar dañando el material y haciendo desaparecer el registro arqueológico. Tampoco estás tomando muestras del polen, de las capas... es información muy valiosa que se pierde. La gente tiene que entender que la arqueología no es solo encontrar una pieza bonita, es conocer el contexto en el que se encuentra, el estrato en el que está... todo eso no se sabrá nunca si no hay una investigación científica rigurosa». La idea es legislar en ese sentido, pero «no sé hasta qué punto tenemos amparo para eso», reconocía el director general.

Aún así, con la legislación actual en la mano, advierte, esos siete expedientados «por realizar prospecciones arqueológicas en lugares protegidos y causar daños en el yacimiento» se están llevando multas de entre 3.000 y 9.000 euros, en función de la gravedad de los daños causados y del nivel de protección del yacimiento expoliado. Aún así, el Principado quiere redactar un protocolo que regule todas estas prácticas. «Cuando alguien fuera de esos espacios protegidos encuentra algo con un detector y lo entrega y lo comunica, no sabemos muy bien qué hacer», reconoce. «Queremos tener una normativa clara para que todo el mundo sepa a qué atenerse».

Los detectoristas, por su parte, defienden la legalidad de lo que hacen. «Un detector de metales es como un cuchillo, que puede utilizarse para matar alguien, pero eso no implica que no se pueda utilizar», defienden quienes utilizan este tipo de dispositivos. Y muchos critican a los arqueólogos que se haga tan poco trabajo de campo. «Son señoritos de despacho», llegó a decir un cazatesoros en este periódico.

Porque a todo este 'boom' del uso de los detectores de metales en Asturias en los últimos meses se suma la dificultad de la Administración para proteger e investigar todos los yacimientos. El Museo Arqueológico cuenta con dos arqueólogos, y el servicio de Patrimonio Cultural con otros dos, además de una historiadora que hace también este tipo de trabajo. «En el Oriente, tenemos un encargado que hace vigilancia de las cuevas, por ejemplo. Y también es muy valiosa la colaboración del Seprona, que hacen una importantísima labor de supervisión y vigilancia de los yacimientos», explica León Gasalla. «A veces son las propias fuerzas de seguridad del estado las que denuncian a los detectoristas cuando los encuentran en lugares prohibidos», asegura. Tanto el Seprona como la Guardia Civil y la sección de Patrimonio de la Policía nacional, que hacen una labor permanete de supervisión y vigilancia, han denunciado directamente a algunos de estos buscadores ilegales. Así las cosas, el Principado no piensa quedarse quieto, y del grupo de trabajo que empezará a funcionar en las próximas semanas saldrán decisiones que buscarán poner freno a los expolios, sean de detectoristas o de aficionados sin formación. «En cuanto a las cuevas, tenemos en el Oriente un encargado que hace vigilancia de las que tienen arte rupestre y estamos dotándolas progresivamente de cierres de seguridad», tranquiliza el director general. En cualquier caso, León Gasalla pide a todo el mundo que se tenga en cuenta el daño que se puede hacer a los yacimientos. «Si se encuentra algo fortuita o intencionadamente, hay que avisar al Museo Arqueológico, a la Guardia Civil o a esta Dirección General antes de ponerse a escarbar», advierte. En su opinión, esta moda «que ahora ha llegado con fuerza a Asturias» supone «la mayor amenaza para el patrimonio asturiano en la actualidad». Y su objetivo es acabar con ella. Cuanto antes.

• Temas
• Principado de Asturias
• Asturias