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Asturias pone fin al año que cambió el mundo. El año de una pandemia que hizo saltar por los aires la vida tal cual la conocíamos, poniendo a prueba la capacidad de resistencia de nuestro sistema de salud en una crisis que no ha sido solo sanitaria. También económica y social. Doce largos meses que, para todos, sin excepción, han sido también los más duros en décadas. Pero 2020 se cierra también con la esperanza, ya cada vez más tangible, de la llegada al país de la vacuna que permita desandar el camino de este año de pesadilla.
Arrancaba 2020 con el eco lejano de una nueva enfermedad de origen viral desconocida hasta entonces, detectada en el otro extremo del planeta y que, pese a la inicial incredulidad de muchos, no tardó en extenderse desde China al resto de países, dando origen a la mayor crisis sanitaria del último siglo.
Acabó llegando a España en enero, a través de un turista alemán de vacaciones en La Gomera. A Asturias lo hizo un mes después. El escritor chileno afincado desde hacía décadas en Gijón Luis Sepúlveda fue el primer paciente diagnosticado con covid-19 en la región. Ingresó el 29 de febrero en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde acabaría falleciendo el 16 de abril.
En estos doce meses, el virus ha dejado a su paso un reguero de contagiados que se cuentan por millones en todo el mundo. Cerca de 15 en Europa. 1,8 millones en España. Y, hasta el momento, unos 26.000 en el Principado (cifra alejada de la realidad ya que, sobre todo al principio de la pandemia, hubo cientos de casos que no llegaron a ser diagnosticados y, por tanto, no computan).
Lamentablemente, la pandemia ha dejado también tras de sí muchos, demasiados muertos. Aunque la de la mortalidad es una estadística abierta a interpretaciones —la Consejería de Salud del Principado, por ejemplo, siempre ha cuantificado mayores cifras, por no atenerse solo a las muertes con prueba PCR positiva, como hace el Ministerio de Sanidad—, los números son estremecedores. Cuando arranquemos la última hoja del calendario, la covid-19 se habrá llevado ya la vida de más de 1.400 asturianos.
Pero, como queda dicho, podrían ser varios cientos más. Porque el propio Instituto Nacional de Estadística, en el avance de defunciones según la causa de muerte publicado en diciembre, contabilizaba 200 fallecidos más en Asturias –y eso solo hasta mayo–, al tener en cuenta, además de los casos de coronavirus identificados por PCR, los casos sospechosos.
La de Avelino Uña, jefe de estudios del centro de Formación Profesional Fundación Masaveu de Oviedo, a los 68 años, fue la primera muerte por el coronavirus SARS-CoV-2 en el Principado. Ocurrió el 11 de marzo.
El día anterior, el Principado, adelantándose a la decisión del Gobierno central de decretar el estado de alarma, había cerrado cinco colegios de Oviedo ante la proliferación de casos sospechosos entre alumnos y docentes. «Más vale prevenir que lamentar», afirmó entonces el presidente Adrián Barbón, recurriendo a una máxima que su Gobierno ha mantenido a lo largo de todos estos meses a la hora de adoptar decisiones que, en muchas ocasiones, han sido duramente discutidas, criticadas y reprobadas públicamente tanto por la oposición como por los sectores afectados. La contestación se vio en el Parlamento asturiano, pero también en las calles.
Desde la declaración de 'zonas naranja' —lo que pretendía ser un toque de atención a un territorio antes de la adopción de medidas más drásticas para contener el incremento de contagios—, los cierres perimetrales de varios municipios y de toda la comunidad o el toque de queda —tras su última revisión, desde las once de la noche a las seis de la mañana— hasta la suspensión temporal de la actividad considerada no esencial.
Esta última medida se adoptó a principios de noviembre, en plena segunda ola de la pandemia, y mantuvo tres semanas cerrado al pequeño comercio y cuarenta días a la hostelería. Tras el cierre obligado que supuso la declaración, por parte del Gobierno central, del primer estado de alarma, el 14 de marzo, ese segundo periodo de parón forzado en menos de cinco meses fue la puntilla para muchos negocios. Fueron «medidas muy duras», ha reconocido de manera insistente el presidente del Principado, pero también «necesarias».
Amparándose en esa anticipación a la que tantas veces ha hecho referencia Barbón, el Ejecutivo autonómico no autorizó muchas de las más señaladas citas económicas, festivas y deportivas de la región, siempre multitudinarias, como la Feria Internacional de Muestras de Gijón o el Descenso del Sella. Por eso también, antes de que la medida fuera obligatoria para el conjunto del país, se impuso en Asturias el uso de mascarillas de forma generalizada; se adelantó el horario de cierre de los locales de ocio nocturno (que, en agosto tuvieron que cerrar definitivamente), o se limitó el número de personas que podían participar en una reunión de carácter familiar o social, hasta dejarlas en un máximo de seis.
Asturias se convirtió en junio en la primera comunidad libre de covid, tras pasar 25 días sin un solo contagio. Eso convirtió al Principado en un destino apetecible para el turismo en un verano condicionado por la pandemia en el que, sin alcanzar las cifras de años anteriores en ningún lugar de España, la comunidad llegó a liderar las cifras de ocupación hotelera.
Pero si salió bastante bien parada de la primera, sin riesgo de colapso sanitario y un índice de contagios que los estudios de seroprevalencia situaron por debajo del 2% de la población –de las tasas más bajas del país–, la segunda onda epidémica se manifestó, en otoño, con una fuerza desmedida: casi sin haber dejado tiempo a que el personal de los hospitales y los centros de salud recuperara el aliento tras los denodados esfuerzos de los primeros meses por contener los efectos del virus.
En octubre, los sanitarios ya admitían verse desbordados por una segunda ola que nadie esperaba que llegara tan pronto. Tampoco las autoridades sanitarias. Porque no hubo un incremento progresivo de ingresos hospitalarios y en UCI, como había ocurrido en primavera. Fue una subida rápida, repentina.
Las alarmas saltaron y el 14 de octubre el Gobierno regional retomó las restricciones, limitadas a eliminar el consumo en la barra de los bares y a realizar nuevas recomendaciones a las población. El 30 de ese mes, un viernes, la gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa) alertó de que la capacidad de las UCI se podía ver comprometida por el elevado número de pacientes que en ese momento requerían atención de cuidados críticos. Ingresaban a un ritmo de unos diez o doce por día. Asturias estaba ya en nivel de riesgo muy alto. Y se preparaba para unas semanas «durísimas».
Se habilitaron nuevas camas de UCI en áreas de reanimación, en gimnasios y hasta en un vestuario del HUCA. Se llegó a plantear la posibilidad de recurrir a quirófanos, llegado el caso, aunque finalmente no fue necesario. El hospital provisional del recinto ferial Luis Adaro de Gijón, el denominado H144, que se había desmontado en julio después de que no fuera necesario recurrir a él en la primera ola, empezó, esta vez sí, a recibir pacientes. Incluso hospitales que habían superado la primera ola como hospitales no covid tuvieron que transformarse en cuestión de días para acoger al cada vez mayor número de contagiados.
El lunes 2 de noviembre, el presidente del Principado y el consejero de Salud comparecieron para dar cuenta de la gravedad de la situación. Para admitir que las medidas adoptadas el 14 de octubre no habían tenido el efecto deseado, para comunicar restricciones más férreas, como el cese temporal de la actividad no esencial o las restricciones a la movilidad nocturna, y anunciar que Asturias solicitaría ese mismo día al Ejecutivo de Pedro Sánchez el confinamiento domiciliario de la población durante quince días.
La respuesta del Gobierno fue 'no'. Para entonces, ya había aprobado un nuevo decreto de estado de alarma y consideraba que con las medidas restrictivas que éste amparaba era más que suficiente para controlar la situación.
La comunidad tardó un mes en empezar a ver la luz al final del túnel de la segunda ola. A principios de diciembre, la bajada de la incidencia y de la transmisión observadas durante varios días confirmaba que se empezaba a controlar la evolución de la covid en el Principado.
Atrás había quedado noviembre, mes aciago en cuanto al número de fallecidos registrados hasta entonces por culpa de la covid-19. En esos 30 días se contabilizaron 551 muertes, más del doble de las que el coronavirus se había cobrado hasta entonces en la región.
El SARS-CoV-2 ha sido despiadado con una población, la asturiana, que es de las más envejecidas de España y de Europa. Aquí, el riesgo de enfermar, de ingresar en un hospital y de morir a causa de la covid es mayor que en otras comunidades. Pero es que en estos últimos doce meses la pandemia también ha puesto en evidencia las carencias del modelo de atención a las personas mayores y dependientes, ha obligado al sector educativo a reinventarse y asumir un modo diferente de enseñanza, ha puesto de manifiesto las limitaciones del modelo de crecimiento económico, con un elevado componente de sectores con alta volatilidad en el empleo, muy dependientes de las circunstancias del entorno económico general y muy inestables en situaciones de crisis.
Si la segunda ola fue muy dura en lo sanitario no lo fue menos en lo económico. Sus efectos impactaron de lleno en el colectivo de los autónomos que tuvieron que cerrar sus negocios o tenerlos abiertos al ralentí por las sucesivas decisiones de las administraciones, pero también en el de los asalariados afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y en los que directamente perdieron su puesto de trabajo. Según los datos del paro del mes de noviembre, Asturias tenía entonces 10.637 parados más que un año antes, lo que supone un incremento del 15%.
La nueva cepa detectada en Reino Unido complica el final del año coincidiendo con la llegada de la primera remesa de vacunas.
España entra en 2021 con la amenaza de una tercera ola pandémica de consecuencias inciertas, agravada con la irrupción (en diciembre) de una nueva cepa en Reino Unido. Pero la esperanza existe y está puesta en que las primeras vacunas frente a la covid –la campaña de vacunación arrancó el 27 de diciembre– permitan la inmunización de buena parte de la población. En Asturias, la estimación de la Consejería de Salud es que el primer año de esta nueva década pueda concluir con en torno a seis de cada diez asturianos vacunados. Empezando por los que han sido los más vulnerables, los usuarios de residencias de ancianos. Y siguiendo por sus cuidadores, los sanitarios –primero los que trabajan en primera línea frente a la enfermedad y después el resto de las plantillas– y los grandes dependientes no institucionalizados.
Encontrar una vacuna segura y eficaz frente a la covid resultaba clave en la estrategia de salida de la pandemia y a ese objetivo común se dirigieron los esfuerzos de la comunidad científica internacional desde el primer momento. No ha habido, en la historia reciente de la sanidad, un precedente similar. Sesenta y seis días después de la secuenciación del genoma del SARS-CoV-2, un humano recibió por vez primera el pinchazo de una vacuna candidata frente al virus pandémico.
A lo largo de 2020, se desarrollaron más de 250 proyectos diferentes candidatos a vacunas frente a la covid-19. Vacunas que, antes de su autorización, comercialización y administración han de superar estudios preclínicos y clínicos. Gran Bretaña y Estados Unidos fueron los primeros países en validar su uso e iniciar las campañas de vacunación, a principios de diciembre. Europa les seguiría los pasos apenas unas semanas después.
Ayudas a la recuperación
La inmunización va a permitir dar un respiro a la sanidad, pero también a la economía ya que con ella se alcanzará cierta normalidad, algo parecido a lo que era la vida de antes de la pandemia.
Para reconstruir lo que el coronavirus hizo saltar por los aires el pasado 2020, la Unión Europea ha reservado un fondo de recuperación con 750.000 millones de euros, de los que 140.000 tienen que llegar a España para poner las bases de una nueva economía. Asturias, que a decir de muchos se juega su futuro en el dinero que llegue de Bruselas, aspira a hacerse con el 2% de esa cifra global: 2.800 millones de euros.
Del Fondo de Recuperación para políticas medioambientales y de vivienda, que están preasignados –de forma estimativa– en los Presupuestos Generales del Estado, recibirá el próximo año 152 millones. Hay además otros 200 millones que el Gobierno regional prevé también que lleguen a lo largo de 2021 correspondientes a las ayudas React-EU.
Por su parte, el Principado ha reservado en los presupuestos de 2021 un fondo de rescate de 100 millones para paliar las consecuencias económicas provocadas por las restricciones de la covid. Ya en 2020 aprobó unas ayudas de urgencia (33,5 millones) para compensar a miles de profesionales.
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Mikel Labastida y Leticia Aróstegui (diseño)
Óscar Beltrán de Otálora y Gonzalo de las Heras
José A. González y Álex Sánchez
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