La pandemia que arrasó con el modelo de residencias

El 18 de marzo falleció una mujer de 95 años, usuaria de la residencia pública de Grado. Y tras ella se disparó una pandemia que se ha llevado a más de setecientos residentes en geriátricos, contagiado a cerca de 4.000 personas vinculadas a estos centros (entre residentes y trabajadores) y que, desde luego, se ha llevado por delante al modelo residencial geriátrico.

Porque, casi seis de cada diez fallecidos en Asturias por coronavirus vivía en una residencia. Aunque desde el Principado, las consejerías de Salud y de Derechos Sociales y Bienestar han quitado hierro al porcentaje, ya que los fallecidos se sitúa alrededor del 5% del total de 13.600 usuarios de las 243 residencias abiertas en la región, lo cierto es que el modelo residencial ya no volverá a ser igual.

El nuevo diseño es, en realidad, viejo. Lleva en los cajones de políticos y empresarios desde hace años, cuando los expertos en geriatría comenzaron a alzar la voz contra los macrocentros para mayores y en la necesidad de que la fórmula habitacional para las personas mayores que, por su situación personal o sanitaria, ya no puedan seguir en su domicilio pasen a residir en un lugar lo más parecido a un hogar.

Un proyecto dormido que la covid ha despertado a empujones y con el ejemplo, curiosamente, del modelo que se pretende erradicar: la Residencia Mixta de Pumarín. El centro gijonés, que en su día fue levantado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) es el mayor centro de la red pública asturiana, la que gestiona Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA). Y el de toda la región.

Con sus 461 plazas, divididas en diez plantas, la imagen de la residencia gijonesa choca con el diseño de los nuevos centros que plantean los expertos. Sin embargo, el hecho de que la covid haya pasado por las instalaciones sin causar más daños que algún contagio puntual, sirve de ejemplo del modelo que marcará el futuro del sector geriátrico: habitaciones individuales distribuidas en plantas que puedan convertirse en estancas en caso de necesidad.

Parece el fin de las habitaciones dobles, salvo para el caso de las solicitadas por parejas, y, sobre todo, el de las estancias de triple capacidad, como todavía tienen algunos centros como la residencia pública de Grado. El centro en el que comenzó todo.

Justo antes de decretarse el estado de alarma, el 12 de marzo, fue el último día en el que se permitió el acceso de familiares al centro moscón, una residencia pública muy arraigada en la villa. El día 19 se produjo la primera muerte. Tras ella llegarían veinte más, así como más de 80 contagios, entre residentes y trabajadores. Además de la medicalización del centro por parte del Servicio de Salud del Principado (Sespa).

A partir de ahí, el número de fallecidos, contagiados y centros afectados no dejó de crecer. Durante los primeros días de aquella primera ola, parecía que solo la red geriátrica pública estaba afectada. Tras Grado, la residencia Palacio del Villar, en Castrillón, se convirtió en el segundo foco de contagios y víctimas, hasta llegar a los diez decesos y cinco residentes aún enfermos.

En la residencia pública de El Cristo, en Oviedo, donde trabaja el profesional que dio positivo en Grado (compatibiliza ambas residencias), la situación pareció controlada inicialmente, aunque finalmente hubo cinco fallecidos. A ellas se sumaron, con cuentagotas, las residencias Santa Teresa, Naranco y El Trisquel de Oviedo; Clara Ferrer, de Gijón; la de Arriondas, la de Laviana, la de Riaño, hasta llegar a Pravia, concejo con mayor tasa de casos.

Mientras la covid se propagaba por la red pública, desde la privada las patronales Ascege yAarte advertían: «Es solo cuestión de suerte que nosotros no tengamos casos, porque la falta de medidas de seguridad las tenemos todos».

Y la suerte se acabó en abril. A partir de ese momento, hasta el fin de la primera ola, más de sesenta de los 243 centros residenciales para mayores de la región tuvieron algún brote. En la segunda ola, las cifras se repitieron, aunque con otros protagonistas. Por alguna razón que están estudiando los epidemiólogos, la segunda ola no volvió a estrellarse contra los centros a los que ya había anegado la primera vez.

Los argumentos para el despliegue del virus durante la primera ola se centraron en el desconocimiento de la enfermedad, su rapidez y forma de contagio, así como la falta de sistemas de protección. Los Equipos Individuales de Protección (EPI) desaparecieron del mercado y las mascarillas y guantes duplicaron su precio. En la primera ola, en los geriátricos privado se confeccionaron batas hasta con bolsas de basura. En los públicos, el comité de empresa acusó al ERA de impedir a los trabajadores utilizar mascarilla «para no asustar a los residentes».

En la segunda ola, los argumentos cambiaron. Aprendida la lección, los almacenes se llenaron de guantes, batas, gorros y mascarillas para el uso diario. Se blindaron las residencias, con prohibición de entrada y salida en caso de contagio y se obligó a los centros, públicos y privados, a reservar el 5% de sus plazas. El ERA elevó al 8% esa tasa y bloqueó 400 habitaciones. Pero los contagios se sucedieron, al igual que las muertes.

La explicación de los epidemiólogos es que el virus entró, de nuevo, en las residencias de mano de las plantillas. No se trató de una acusación, sino de una descripción de la situación: si las residencias están blindadas, los usuarios no salen y los rastreos indican que ningún familiar llevó el virus al centro, la única opción son las plantillas.

Una opción que las patronales geriátricas avalan, siempre defendiendo al personal. «Más de 7.500 personas entran cada día en las residencias asturianas. Es imposible controlar el virus». Sobre todo, porque las zonas de aislamiento obligatorias nacieron condenadas al fracaso: «Tenemos disponibilidad de espacio, pero no de plantilla».

Una bolsa de empleo vacía, con petición de enfermeras hasta en Portugal, sin respuesta positiva, complicó el control de la segunda ola de contagios. Y marcó, definitivamente, el principio del fin del actual modelo residencial. El Principado ya trabaja en dos experiencias piloto para el año que viene. Las empresas están dispuestas a escuchar, pero, advierten, es necesario disponer de personal. Y evitar que una tercera ola vuelva a empapar al sector.